Fuente: Tribuna de Salamanca

Por su parte, el letrado de la defensa del compañero de piso en la localidad de Santa Marta de Tormes del sacerdote, C. E. V. R., ya ha recurrido al Alto Tribunal salmantino para conseguir la libertad después de que, al igual que el cura, se le denegase la anterior solicitud ante el Juzgado y el magistrado ordenase la apertura del sumario en la mañana del miércoles, aseveraron a este diario fuentes cercanas al caso. En este sentido, cabe destacar que a C. E. V. R. le constan antecedentes por delitos contra la salud pública e incluso una condena de nueve años de prisión por tráfico de drogas que cumplió en el propio Centro Penitenciario de Topas. Por su parte, el tercer imputado por la presunta red de narcotráfico, M. A. G. H., permanece en libertad tras pagar la fianza de 4.000 euros impuesta por el juez.

Hasta que la Audiencia Provincial de Salamanca falle sobre las solicitudes de libertad de los letrados de la defensa, tanto C. E. V. R. como el párroco de las localidades de Forfoleda, Negrilla de Palencia y Palencia de Negrilla permanecerán en prisión, en el caso de este último, en la vallisoletana de Villanubla tras reconocer la posesión de la droga pero no su procedencia.

No obstante, continúa la instrucción del caso en el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca, y el estudio del sumario y pruebas, en especial las escuhas telefónicas realizadas por la Guardia Civil y que, según las apreciaciones de la Benemérita, demuestran el tráfico de drogas en el penal y los favores sexuales a cambio de los estupefacientes, por lo que el juez del caso puede llamar a declarar tanto a los implicados como a los testigos, e incluso producirse nuevas detenciones ya que hay otros tres presos imputados por su presunta colaboración con la organización.

Tras la apertura del sumario y conocerse los agravantes en los que podría haber incurrido el capellán del penal de Topas, –al que se le intervino a la entrada de la cárcel 400 gramos de hachís y otros 1.700 gramos en su domicilio, además de que también podía introducir colonias y teléfonos móviles– al introducir estupefacientes en el penal y ser trabajador del mismo, la pena solicitada por la fiscal al término de la instrucción puede ascender a los 12 años de privación de libertad.