Fuente: Tribuna de Salamanca

Representan un número algo inferior que la media nacional de internos preventivos, que se eleva hasta el 25,76%, y de algunas prisiones castellanas y leonesas. Los penales que soportan una mayor población reclusa que todavía no ha sido condenada se sitúan en Brieva (Ávila), con un 27,34%, y en La Moraleja (Palencia), con un 27,29%. Esta situación legal intermedia en el proceso de internamiento de un recluso afecta en Topas a 357 hombres y 52 mujeres hasta completar un colectivo de 409 reclusos, sólo menos que en la prisión palentina, donde representan 57 más.

Quienes sufren con mayor frecuencia una reclusión preventiva, provocada por el peligro de fuga de los implicados y por la gravedad de los hechos que se le imputan, son las mujeres.

Un tercio, el 33,54%, de las reclusas de Topas no ha sido aún condenada, mientras que esa circunstancia se reduce al 22,53% de los internos, según los últimos datos de Acaip. En el conjunto de los 73 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, la alta presencia de preventivos en Castilla y León vuelve a presentarse a nivel nacional.

De los más de 69.000 huéspedes involuntarios de las prisiones españolas, tres de cada cuatro, el 74,67%, se encuentran ya con una sentencia judicial, aunque el resto, 17.521, desconocen todavía una primera resolución de los tribunales sobre los hechos que les han llevado a ser detenidos y encarcelados.

Mientras, de los 1.356 presos condenados que albergaba Topas en el comienzo del pasado mes de mayo, cuando los funcionarios de prisiones levantaron la voz de alarma sobre la masificación en las celdas, la mayoría se enfrenta a una pena que oscila entre los tres y los ocho años.

Un castigo que impide disfrutar de su libertad a 568 internos del centro penitenciario de Topas, el 41,88% del total de la población reclusa en la cárcel de Salamanca.

El segundo colectivo más numeroso entre los barrotes se encuentra, por su parte, condenado a un periodo de entre seis meses y tres años.

El ejemplo de Ricardi.

Representan 439 presos, el 32,37% de los que ya se han sentado en los juzgados y han salido con una sentencia condenatoria.

Las penas de mayor duración quedan, de esta manera, para una reducida parte. 268 internos de Topas han comenzado un forzoso y largo exilio de las calles por un plazo que varía entre los ocho y los quince años.

Aún por encima, la prisión salmantina recoge en sus celdas a un grupo aún menor, formado hace menos de tres meses por 91 reclusos, entre ellos el portuense Rafael Ricardi, condenado a 36 años de prisión por una violación que no cometió y que consiguió la libertad provisional el pasado día 25 de julio.

Un error judicial que no aparece en los fichas de sus otros noventa compañeros que han sido condenados a entre quince y treinta años. Las penas de entre veinte y treinta años castigan a un total de veinticinco clientes de las celdas de la prisión de Topas.

Las condenas más altas sólo mantienen lejos de las calles al 1,43% de la población reclusa del centro penitenciario de Salamanca, y al 1,84% de los que conocen ya la decisión de los tribunales. Una pequeña proporción que confirma la política de rehabilitación social que aplica el Gobierno en los últimos cinco años.

Plena confianza en la posibilidad de evitar que el preso reincida, y rigor en el cumplimiento de las penas.