Fuente: canarias7.es

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informó ayer que la Sociedad Estatal de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) ha decidido ejecutar la cárcel en Llanos de Juan Grande sin esperar la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias (PTEIP).

La SIEP remitió un escrito al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con fecha 4 de agosto de 2008, que se repite en relación con otro anterior de fecha 11 de julio de 2008, comunicándole que ha optado por acogerse la disposición tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, y que otorga un plazo de un mes para que informe sobre la adaptación del proyecto al Plan General de Ordenación, pasado el cual se entenderá evacuado en sentido favorable.

Según la explicación ofrecida ayer por el Consistorio, la SIEP, como empresa de capital público estatal, estaría facultada a tomar una decisión de esta naturaleza, aunque por otro lado existen quienes aseguran que esta determinación, de optar por una vía más expeditiva tanto para ejecutar la obra como para establecer su ubicación definitiva, correspondería en última instancia al Consejo de Ministros.

No obstante, afirman que una vez vendidos los terrenos y autorizada la actuación, «el tema de la cárcel es asunto que compete al Estado, y si alguien tiene algo que decir es la Comunidad Autónoma de Canarias, nunca el Ayuntamiento».

Reparto de culpas.

Nueva Canarias expresó ayer su malestar porque, dicen, no se está diciendo toda la verdad en relación con la cárcel. El edil, Francisco Peñate, señaló que quien primero supo la ubicación de la cárcel fue el ex alcalde, Marco Aurelio Pérez. «Él llevó al presidente de la SIEP, Azcona, hasta Juan Grande», indicó.

AV insiste en que la cárcel es ilegal.

El portavoz de AV, Marco Aurelio Pérez, compareció ayer ante los medios informativos antes de que el Ayuntamiento hiciera público la existencia de un nuevo escrito de la SIEP, convencido de que, de haber estado en la Alcaldía con los informes jurídicos y después de evacuar algunas dudas legales, habría precintado las obras de la cárcel. Pérez, tras señalar que en ningún acuerdo del Consejo de Ministros se establece que la cárcel tiene que ir Juan Grande, «ni siquiera en los Presupuestos Generales del Estado», preguntó entonces «por qué se insiste en ubicarla en dichos terrenos si el único instrumento que lo permite, el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias, no está aprobado definitivamente».

Recordó que el Ministerio del Interior, que aprueba inicialmente del Plan Penitenciario, deja en manos de la Comunidad Autónoma Canaria su aprobación definitiva, y que de momento se desconoce un acuerdo del Ejecutivo estatal saltándose el marco jurídico e imponiendo la cárcel.

También criticó el doble lenguaje del Gobierno de Canarias, que acuerda enajenar los terrenos cuando ha denunciado en comisaría la ocupación ilegal del suelo, y deja en manos del Ministerio de Medio Ambiente el informe de impacto del proyecto.

Para Pérez es fundamental que el Ministerio del Interior tome conciencia de que vivimos del turismo y no podemos cargar el municipio con equipamientos negativos.