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Albocàsser recibirá a 60 funcionarios de Picassent pese a los problemas de seguridad

La mitad de los trabajadores no tendrán sustituto y parte del resto estarán en prácticas.

Fuente: lasprovincias.es

La cárcel de Albocàsser traerá luces y sombras al panorama penitenciario de la Comunitat. El nuevo centro de la provincia de Castellón si bien supondrá aligerar la carga de reclusos de otras prisiones, entre ellas la de Picassent, también repercutirá en un descenso importante del número de funcionarios en Valencia. A menos trabajadores e igual número de presos, el riesgo para la seguridad de los empleados se incrementa.

Fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) anunciaron ayer que serán aproximadamente 60 funcionarios -salvo cambios de última hora- los que dejen Picassent para trabajar en el recién inaugurado centro a partir de la primera semana de septiembre.

Para el sindicato tras este traslado de trabajadores se esconde el deseo de consolidar su posición dentro del cuerpo de funcionarios con un posible ascenso, "pero es evidente que el clima de inseguridad y las malas condiciones están detrás de esto" que puede conllevar, en algunos casos, incluso el cambio del lugar de residencia familiar.

Las mismas fuentes plantean otro problema que se simultaneará con la pérdida de trabajadores. En primer lugar, no todos serán sustituidos por nuevos funcionarios. En esta permuta se perderán al menos una treintena de trabajadores. Pero otro inconveniente surge con la llegada de personal. "Alrededor de un 15% de los trabajadores en contacto diario con los reclusos llevan cuatro meses de prácticas".

La escasa experiencia de estos empleados puede jugar en su contra a la hora de tener que solventar cualquier incidente con los presos. Este punto -incide Acaip- puede repercutir en la ya "deficiente" seguridad que ofrecen las instalaciones valencianas.

El verano ha traído un incremento del número de incidentes en la cárcel de Picassent. La saturación de presos, la falta de personal y, en menor medida, el calor han alterado los ánimos. Agresiones, peleas, robos, amenazas y plantes ante los funcionarios se han repetido con todavía más asiduidad. De hecho, desde el 1 de julio se han contabilizado "242 incidentes graves o muy graves" en el establecimiento.

Tras la dimisión del anterior director del centro, la llegada de Ramón Cánovas al máximo puesto de responsabilidad no ha cambiado, por el momento, la tónica general del centro. Bien es verdad que apenas lleva dos meses en la dirección y con la temporada estival de por medio, lo que le ha restado posibilidades de maniobra.

Será a partir del próximo mes de septiembre, con la elaboración de un nuevo equipo directivo, cuando comience a poner en marcha sus ideas. Tampoco tendrá mucho tiempo por delante. Instituciones Penitenciarias eligió a este valenciano, con gran experiencia en el ámbito, para tomar las riendas del centro. Pero sólo tendrá dos años, ya que su edad (68) únicamente le permite estar este periodo trabajando.

Instituciones Penitenciarias tiene además otro problema, aparte de buscar otro director para Picassent. Se trata de la ubicación de la nueva cárcel, que sigue sin conocerse más de dos años y medio después de anunciarse una nueva prisión. Siete Aguas era la primera opción -como ya desveló LAS PROVINCIAS-, pero la oposición vecinal y, al parecer, la falta de contacto e información entre administraciones ha enfriado el proyecto.

Si la propuesta finalmente se descarta, Interior ya baraja otras posibles ubicaciones. El periodo de construcción de una cárcel de este tipo es de entre 24 y 26 meses. Tampoco se puede demorar en exceso la elección del lugar, ya que el plazo para que el proyecto penitenciario esté concluido termina en 2012.

Además, dentro de este plan general, el Gobierno tienen previsto construir un centro para presos de tercer grado -sólo acuden a dormir- y una cárcel para madres con hijos a su cargo. Presumiblemente, estas dos instalaciones se levantarían en un mismo complejo, al igual que se ha hecho en otras provincias españolas.

Según explicaron en su día fuentes de Instituciones Penitenciarias, las dependencias se situarían en la ciudad de Valencia, con cuyos responsables municipales ya se han establecido contactos, tal y como publicó este periódico.

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