Fuente: elplural.com

Esto duele, y mucho, a nuestra derecha troglodita, que reniega a escondidas de la reinserción, añora la “mano dura con esos criminales” y babea frente a la cadena perpetua.

Objetivo: reinserción.

Frente a estas posturas, el artículo 25,2 de la Constitución establece que “las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social…” Para materializar este objetivo se aplica el correspondiente tratamiento. El artículo 59, 1 y 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria señala que “El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades…”

Permisos de salida: básicos.

En ese sentido, los permisos de salida constituyen un elemento esencial del tratamiento, y un medio de eficacia demostrada para incorporar progresivamente al delincuente a la sociedad, junto a programas de desintoxicación, enseñanza reglada, formación profesional, etc.

Insignificante índice.

La evasión de este peculiar abogado ha servido de pretexto, en algunos foros conservadores, para arremeter contra nuestro modelo penitenciario. Por supuesto, ocultan que el índice de quebrantamientos es insignificante.

Efectos perversos.

Desgraciadamente, las políticas económicas y penales defendidas en los foros conservadores generan una inseguridad ciudadana insoportable y una tasa de delincuencia desquiciada (caso de EEUU). La dinámica no puede ser más troglodita y perversa: por un lado pretenden tejer una sociedad con los mimbres de la desigualdad donde la delincuencia se dispara; por otro lugar suspiran por la “mano dura” mientras desprestigian las labores de prevención y rehabilitación motejándolas de “buenismo”.

Incluso el suicidio.

Evidentemente, incidir en las causas del delito y en las labores de reinserción no encaja en sus esquemas. Pero a esta derecha troglodita también le exasperan los PPS, unos protocolos para prevenir el suicidio, tragedia que debería estremecernos aún tratándose de delincuentes.

Un dato.

En realidad, la postura de la derecha española quedó patente al arrancar las Instituciones penitenciarias del Ministerio de Justicia e incrustarlas en Interior. Un gesto que denuncia una visión exclusivamente represora, frente a la labor no sólo represiva sino también preventiva y reformadora de la Institución.

¿Y el tercer grado?.

Tampoco esperemos contar con la derecha en la extensión del tercer grado (régimen abierto) al mayor número posible de internos. Sin abandonar la sujeción a la Institución penitenciaria, el tercer grado puede cumplir en muchos reclusos la finalidad intimidatoria, suavizar los efectos perniciosos de la prisión y conseguir que la comisión del delito represente un episodio en la historia del infractor, y no un medio de vida.

Gente preparada.

En su momento, la derecha no reconoció la profesionalidad y valía de los funcionarios de prisiones. Se limitó a congelar sueldos. Sin embargo, en este colectivo de funcionarios abundan los diplomados y licenciados en porcentaje muy superior a la media, y gran parte de los problemas derivados de la masificación se solucionan con la capacidad y entrega de los funcionarios.

Condicionamiento neoliberal.

Por desgracia —y nunca me cansaré de repetir que la derecha española es una desgracia— las políticas económicas neoliberales impiden erradicar las causas de la delincuencia, pero al menos, gozamos de un sistema penitenciario que mitiga la reincidencia y posibilita la reintegración social progresiva de miles de personas que, de otra manera, habrían vuelto a la calle “prisionizados” y rumiando el siguiente crimen.

Confiemos en que la sociedad lo vaya comprendiendo.

Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor.