Fuente: Diario de Cádiz Digital

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Huelva ha censurado la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital onubense de dar carpetazo a la investigación de la muerte de un interno del centro penitenciario onubense, Samuel R. C., sin realizar las oportunas diligencias y le ha ordenado que continúe con la instrucción antes de emitir resolución alguna.

El fallecimiento del interno se produjo el 28 de febrero pasado y, tanto la dirección de la cárcel como el primer informe del Instituto de Medicina Legal apuntaron la muerte súbita como causa probable, después de que el chico hubiera disputado un partido de baloncesto. Según el relato de la familia, que presentó una denuncia contra la Dirección General de Instituciones Penitenciarias al considerar que existían lagunas en el caso, Samuel se desplomó sobre las 13:15 y según varios reclusos que fueron testigos, "los funcionarios intentaron espabilarlo" en los primeros minutos hasta que fue trasladado a la enfermería para iniciar las maniobras de reanimación al joven, que tenía 27 años.

Fue entonces cuando se llamó al Servicio de Emergencias Sanitarias 061, que se encontraba asistiendo un accidente, por lo que se envió una ambulancia medicalizada, aseguran. Samuel llegó con vida al Hospital Infanta Elena, pero no logró superar la crisis y falleció poco después.

Aunque de los primeros informes -los estudios del corazón aún están por llegar y, por tanto, el informe de la autopsia está incompleta- indican que la muerte del interno tuvo como causa inmediata una parada cardiorespiratoria-infarto agudo de miocardio, la Audiencia considera "incorrecta la decisión (del juzgado instructor) de sobreseer libremente la causa", ya que decretó el archivo de las diligencias en abril.

La sala subraya la necesidad de que, antes de tomar decisión alguna, el juzgado tiene que despejar dos aspectos que "son de interés" para la causa. En primer lugar, ve necesario conocer el informe del Instituto Nacional de Toxicología sobre fármacos, abuso de drogas o determinación de alcoholemia, para descartar así la concurrencia de "ningún factor sospechoso de criminalidad", datos que aún no han llegado.

En segundo lugar, la Audiencia da un toque de atención por la ausencia de información detallada en el parte médico evacuado por el facultativo del Servicio Andaluz de Salud, que acudió a prisión cuando el interno se desvaneció y que -remarca- no pertenecía al Servicio de Emergencias 061. "Procede incorporar a los autos las actuaciones que se llevaron a cabo en prisión para atender médicamente al fallecido, así como disponer de una referencia cronológica de la sucesión de actos médicos de atención, desde que el ataque cardíaco se produce hasta que los servicios externos se hacen cargo del penado para trasladarlo al hospital" elementos que, prosigue el tribunal, "se echan en falta en el parte del facultativo".

En el informe remitido por Instituciones Penitenciarias a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, se detalla que Samuel cayó desplomado al suelo mientras comía (a las 13:20) y trasladado de forma inmediata a la enfermería para ser atendido por el equipo médico, que inició maniobras de reanimación. Una vez que se personó el equipo del 061 (la Audiencia afirma que no fue el 061), el interno fue trasladado al Hospital Infanta Elena en ambulancia medicalizada sobre las 14:05 y falleció sobre las 14:40, después de aplicarle recuperación avanzada.

Los distintos informes no dejan claro dónde y a qué hora se produjo la muerte del interno. La penitenciaría señala que el traslado de Samuel al hospital se produjo a las 14:05 y que falleció allí a las 14:40. Pero el registro de mortalidad del Infanta Elena indica que el recluso ingresó cadáver. En otro documento del hospital se habla de una horquilla horaria de entre las 14:35 y las 15:00 y 16:00 y posteriormente se corrige un dato para fijar las muerte en las 14:40. El Registro Civil recoge que falleció en la cárcel.