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Los empleados de Fontcalent exigen en un escrito información sobre el nuevo programa de la Audiencia.
Fuente: lasprovincias.es
Una vez más el exceso de trabajo y la carencia de medios de los trabajadores de los centros penitenciarios de la provincia ha vuelto a desatar la indignación de los funcionarios. En esta ocasión, la falta de información y la inexistencia de unas directrices y protocolos claros han sembrado el desconcierto entre los trabajadores con la llegada a las prisiones alicantinas de centenares de condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC).
El pasado 6 de noviembre la dirección del centro penitenciario de Fontcalent comunicó a los funcionarios de prisiones el inicio de un nuevo plan de choque relativo a las condenas de trabajos sociales. El nuevo proyecto contempla que 90 personas cumplan su pena, consistente en realizar trabajos todavía por definir, en el centro de Fontcalent y alrededor de un centenar en el de Villena. Los funcionarios tuvieron conocimiento del inicio del plan pero no del contenido de éste.
"El director accidental del centro nos citó, nos planteó esto sin ningún conocimiento previo, nos lo presentó como un plan de choque venido desde Madrid. Es una política de hechos consumados", explica Antonio Turpín, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios.
A falta de información oficial y de directrices claras, los representantes de los trabajadores de los seis sindicatos con presencia en las prisiones (Csif, UFO, CC.OO., UGT, Acaip y Sindicato Independiente) presentaron el pasado día 13 un escrito conjunto ante la dirección del centro en el que exigen que se deje sin efecto la propuesta y que se retire a los TBC inmediatamente.
En opinión de los sindicatos, esta medida es inviable y vulnera la ley. "Las penas de TBC son penas de privación de derechos, no privativas de libertad, en ningún caso se pueden desarrollar en el interior de una prisión donde hay personas que sí cumplen esas penas. Además se supone que teóricamente son centros de alta seguridad, esto es una barbaridad", afirma Turpín.
A pesar de que las personas que deben realizar los trabajados sociales ya están acudiendo a los penales alicantinos, desde los sindicatos afirman no tener constancia de manera oficial. "Nosotros no tenemos conocimiento oficial, pero nos consta que están por ahí. Los vemos pulular tanto por el exterior de las instalaciones como por dentro, pero no sabemos exactamente cuántos son, qué hacen, quiénes les van a controlar y cuándo han comenzado", comentan desde Csif.
Falta de seguridad.
La falta de seguridad también preocupa a los funcionarios de prisiones ya que, según afirman, los externos que cumplen sus cuatro horas de trabajos diariamente tienen libre acceso a las instalaciones penitenciarias. "No dudamos de la honorabilidad de los condenados a TBC, pero en el mismo saco te puedes encontrar de todo. Al no pasar controles y tener acceso tanto dentro de la prisión como fuera pueden entrar droga, alcohol o incluso cosas peores", manifiesta Antonio Turpín.
Además los trabajadores también se lamentan del descontrol que esto supone. "No sabemos quién decide y les manda las tareas, pensamos que es desde dirección. Nosotros no podemos enviar a ningún funcionario a que supervise y vigile lo que hacen porque no hay nada regulado, sólo podemos esperar a que nos informen oficialmente", matizan.