
ACAIP - Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) es el sindicato mayoritario en el sector
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Fuente: La Crónica de León
Los sindicatos de prisiones Acaip, APFP, Comisiones Obreras, CSI-F y UGT se han unido a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para crear una plataforma en defensa de la seguridad pública de los centros penitenciarios, entre ellos la cárcel de Mansilla.
Los integrantes de esta nueva plataforma aseguran ser “conscientes de la inquietud que despierta la privatización de la seguridad en las cárceles, especialmente a causa de la opacidad y falta de información oficial”.
Por este motivo, entre los principales acuerdos a los que han llegado se encuentra la creación de esta plataforma, solicitar una reunión con el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como “máxima autoridad de la provincia en la materia” y trasladar esta inquietud a los partidos políticos mediante reuniones con los mismos.
Esta agrupación entre los sindicatos de prisiones y la Asociación Unificada de Guardias Civiles nace después de la decisión adoptada por el Gobierno para que vigilantes privados se incorporen a las labores de seguridad del entorno de los establecimientos penitenciarios, incluida la prisión provincial de Villahierro.
Sin embargo, esta medida que, en principio iba a ponerse en marcha el pasado 1 de abril, ha sido retrasada en León y en otros penales de la comunidad.
En la cárcel leonesa está previsto que se incorporen dos vigilantes privados que deberán esperar, aproximadamente, un mes más para acceder a este puesto de trabajo sin que hayan trascendido aún los motivos de esta demora. En principio, estos dos vigilantes se encargarían del servicio de puertas de la prisión leonesa.
Anteriormente a la creación de esta plataforma, Acaip denunció el oscurantismo y la poca transparencia en esta última decisión tomada por el Gobierno sobre la privatización de la seguridad de los entornos de las cárceles.
Por otro lado, UGT mostró también su “total rechazo a una medida que incumple la legislación penitenciaria y que será fuente de numerosos problemas”.
Por último, hay que recordar las valoraciones previas de AUGC y la puesta en peligro del empleo de los 45 agentes de la Benemérita que en la actualidad son los que se encargan de la vigilancia del entorno de Mansilla.La Asociación insiste en que la intención del Gobierno es la de privatizar la seguridad porque “las Unidades de Seguridad no precisan ningún refuerzo”. Desde el Gobierno, por su parte, hablan de tareas de refuerzo.