. El concejal de Infraestructuras, César Díaz, explicó que el terreno, de 12.000 metros cuadrados, es propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), organismo dependiente del Ministerio del Interior, pero advirtió que el Plan General de Ordenación Urbana de Santander contempla una edificabilidad compartida con el propio Ayuntamiento. Es decir, que sea iniciativa pública o privada la que desarrolle el futuro proyecto, más de la mitad de la edificabilidad le corresponde al Ayuntamiento, y que el Consistorio se ha comprometido a materializarla en viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento, de todas formas, reconoció que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio del Interior o de la propia sociedad propietaria del terreno sobre la venta de la parcela.

Plan General

Según los datos recogidos en el Plan General la edificabilidad otorgada al Ministerio es de 4.800 metros cuadrados. De ellos, 4.000 son de uso residencial y los 800 restantes, comercial. Según el documento urbanístico de Santander se pueden construir 135 viviendas, 78 de las cuales serían sociales. Además, se prevé un gran aparcamiento subterráneo de hasta tres sótanos, dotado cada uno de unas 300 plazas, con lo que la infraestructura podría albergar un total de 900 plazas de aparcamiento, tanto para propietarios como residentes.

El terreno estuvo ocupado hasta 2010 por la prisión provincial y ahora es un aparcamiento con 314 plazas para los vecinos de la calle Alta, una de las que mayor problema de aparcamiento sufre de toda la ciudad. Tras ser derribada la cárcel, surgió un periodo de cerca de seis meses de enfrentamientos entre el Ayuntamiento santanderino y el Ministerio de Interior, dirigido por aquel entonces por el Partido Socialista. El motivo fue la cesión y construcción del parking en superficie para los vecinos, que finalmente habilitó el Consistorio en solitario y cuyo coste ascendió a 224.000 euros.

Debate

La noticia de la venta del solar provocó rápidamente un enfrentamiento dialéctico entre el Partido Socialista y el equipo de gobierno de Santander, del que se quedó al margen la Delegación del Gobierno, que declinó pronunciarse sobre al respecto.

El PSOE, a través de un comunicado de su portavoz municipal, Judith Pérez, dijo que el PP no hace otra cosa que «vender a piezas Santander con el único afán de obtener rendimiento económico y sin pensar en los intereses de los ciudadanos» e instó al alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna, a negociar una «contraprestación» para la ciudad. La portavoz socialista alertó de la «escasez» de aparcamiento en la zona y criticó que la peatonalización se está llevando a cabo «sin una planificación adecuada, de forma individualizada, sin una solución en su conjunto» y «sin ofrecer alternativas» a la eliminación de las plazas de aparcamiento.

La respuesta llegó desde la Concejalía de Infraestructuras. Su titular, César Díaz, recordó que el PSOE «hizo todo lo posible para que no se construyera el aparcamiento provisional en el solar de la antigua prisión provincial» y preguntó a la portavoz de los socialistas «a qué se debe su extraño y repentino interés por una infraestructura de la que hoy disfrutan los santanderinos gracias al esfuerzo «realizado, en solitario, por el equipo de gobierno del Consistorio».

Desde el PSOE se recordó a Díaz que en 2010 el anterior Gobierno socialista, tras la demolición de la cárcel, cedió gratuitamente al Ayuntamiento este terreno para hacer el aparcamiento libre.