De nuevo a la cárcel. De la libertad a, otra vez, la reclusión. La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a 14 presos de Jerez que habían obtenido el tercer grado (semilibertad) tras comprar falsos contratos de trabajo a una organización criminal que operaba en toda España. Los reclusos arrestados, después de adquirir presuntamente estos documentos fraudulentos, los presentaban para conseguir beneficios penitenciarios. De hecho, varios de los acusados ya residían en el Centro de Inserción Social de la ciudad gaditana, a donde tenían que regresar para dormir. "A estos se les detuvo a las ocho de la mañana de este martes en las mismas puertas de las instalaciones, cuando se disponían a salir para supuestamente ir a su empleo", han indicado fuentes del instituto armado. Los demás vivían en sus propios domicilios, aunque estaban controlados con pulseras telemáticas.

La red delictiva había establecido una cantidad fija que debían abonar los reclusos que quisieran hacerse con los contratos falsos de empleo, según han explicado fuentes del Instituto Armado, que ha detenido en 27 provincias a un total de 422 personas durante esta operación, entre beneficiarios y miembros de la banda. El presunto cabecilla, un constructor de Jerez, había liderado la creación de 10 empresas fantasma, que supuestamente contrataban a quienes abonaban el precio pactado con la organización. Estas compañías se enmarcaban mayoritariamente dentro del sector servicios. "Algunas eran de hostelería. En general, se dedicaban a actividades mercantiles que fueran difícilmente controladas por Trabajo", apuntaron las mismas fuentes de la Guardia Civil.

Además de a reclusos, la banda ofrecía contratos de trabajo ficticios a personas que buscaban cobrar prestaciones de desempleo y a inmigrantes que querían conseguir el permiso de residencia. Según han resaltado fuentes del Instituto Armado, para los extranjeros también se había marcado una cantidad fija: "Mientras que para el resto variaba, en función del número de días que tenían que estar dados de alta en la Seguridad Social".

El entramado criminal había colocado al frente de gran parte de las empresas, como administradores únicos, a toxicómanos con antecedentes penales. Su presencia fue la que levantó las sospechas de los agentes. La banda les pagaba para que figurasen como responsables de dichas sociedades. "Para la creación de las compañías, también se actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social", ha indicado la Guardia Civil, que mantiene abierta la operación —denominada Relisto— y no descarta nuevas detenciones. 

A su vez, quienes adquirían un falso contrato de trabajo tenían que abonar a la trama los costes que supone para cualquier compañía tener un empleado —como seguros sociales o retenciones a cuenta—. El cabecilla de la organización se quedaba estas cantidades y nunca llegaban a la administración. La Guardia Civil, que apunta que nunca se cumplió con dichas obligaciones con los organismos públicos, ha calculado que esta red delictiva ha causado un gasto a la administración superior a los 2,6 millones de euros.