Fuente: Las Provincias

Por primera vez en muchos años, el número de reclusos que hay en las cárceles valencianas ha bajado de 7.000.

Por primera vez en muchos años, el número de reclusos que hay en las cárceles de la Comunitat ha bajado de 7.000, una circunstancia que siendo considerada «como positiva» por parte de los expertos, sigue sin paliar los problemas de personal que existen, puesto que hay pocos funcionarios para vigilar a todos los presos.

En 2007 las prisiones valencianas tenían un total de 6.579 personas encerradas, por las 4.161 que había en 2000. Con el paso de los años la cifra se ha ido incrementando, mientras que se ha reducido la de vigilantes, algo muy criticado en los últimos años por los sindicatos. Fue en 2009 cuando más se complicó la situación, al alcanzar los 8.240 reclusos.

Han tenido que pasar seis años para que el número presidiarios baje de los siete mil. En este caso, desde Acaip advierten que la cifra no sólo ha disminuido en la Comunitat, sino «que lo ha hecho en toda España en casi 9.000 presos en los últimos años». El problema es que no todas las instituciones penitenciarias han seguido «el mismo patrón».

«En la mayoría de cárceles hay menos presos, como por ejemplo en Albocàsser donde hay alrededor de 500 menos, pero otras como la de Picassent ha subido», lamentan desde Acaip, que espera «que algo así se soluciones, ya que lo lógico es que la reducción se produjera de un modo proporcional en todas las prisiones, porque redunda en que no funcionen bien».

Esta queja también la comparte Francisco Cárdenas, presidente autonómico de Csi•f, quien asegura que la falta «de funcionarios continúa siendo brutal, porque en los últimos años no ha habido ofertas de empleo público». Obviamente, considera positivo que se haya reducido de un modo tan importante el número de presos en las cárceles, «puesto que es mejor que haya 100 reclusos por cada funcionario que 160».

En cuanto al motivo del descenso, apunta a que existen un par de causas básicas: «Se está fomentando bastante el tercer grado y han aumentado las expulsiones del país».

En este sentido, Cárdenas explica que desde «el ministerio se ha incrementado la medida que recoge el Código Penal por la cual se debe expulsar a los extranjeros que comenten varios delitos». Una vez han cumplido la pena impuesta «se dictamina una deportación judicial o administrativa, por supuesto dependiendo de los delitos cometidos, las causas y la cantidad de reincidencias».

En cuanto al tercer grado, «los presos pasan el día fuera y sólo entran en prisión para dormir y los fines de semana». Además, a ello hay que añadir que en los últimos tiempos «cada vez son más los reclusos en esta situación que llevan la pulsera de control telemático por GPS con la que se sabe en cualquier momento dónde se encuentran». Como es lógico, existe una centralita en Madrid en la que los controlan a todos y «en cuanto no están en casa a la hora que les toca, o en los metros que deben, se avisa a las fuerzas de seguridad».

Por último, otro de los motivos que el experto apunta es el hecho de que, cuando se trata de delitos menores y sin utilizar la fuerza, se cambia «el tiempo de reclusión por trabajos en beneficio de la comunidad» que son facilitados por la Administración. Se trata de una circunstancia que debe aceptar el penado y que no es contributiva. Es decir, que el condenado no cobra por ello.