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ACAIP-UGT, CSIF y CIG solicitan la intermediación de Marlaska

 

NOTA DE PRENSA

 

LOS SINDICATOS ACAIP-UGT, GIG Y CSIF PIDEN A MARLASKA UN ESFUERZO PARA DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN DE LA LEY DE FUNCIÓN  PÚBLICA  PENITENCIARIA

 

El pasado 24 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que se informó de la remisión del borrador al ministerio de Interior, sin que se haya aclarado la situación y el recorrido de este texto normativo desde entonces.

 En julio del año pasado se inició el grupo de trabajo entre los sindicatos representativos y la administración penitenciaria. El objetivo era sacar adelante un texto con rango de ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, que, reconociendo las especificidades del colectivo, supusiera una modernización de nuestra institución y la unificación de una legislación dispersa, a la vez que mejorara las condiciones de trabajo de los empleados públicos penitenciarios.

 En una reunión mantenida el 3 de diciembre el Ministro Grande Marlaska dio un impulso a la negociación de la futura ley e indicó a la administración penitenciaria la necesidad de iniciar los trabajos para adjuntar una memoria económica que debería acompañar a la norma. También declaró que el proyecto debía estar cerrado en el primer trimestre de este año.

 ACAIP-UGT, CIG y CSIF han presentado en el grupo de trabajo la memoria económica que recoge los costos necesarios para llevar a cabo los objetivos de la Ley, además de distintas propuestas para llegar a un acuerdo en beneficio de la institución.

 Después de varias reuniones, la administración penitenciaria presentó un borrador de la Ley de Función Pública penitenciaria el pasado 17 de febrero que no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo. Por lo que estas organizaciones sindicales presentaron alegaciones al texto y solicitaron una reunión extraordinaria de la mesa delegada que se celebró el 24 de febrero. En dicha reunión, la administración penitenciara expuso que el texto presentado no era definitivo, que se iban a realizar las gestiones necesarias para que la futura Ley tuviera memoria económica dotada presupuestariamente, y que se había remitido al Ministerio del Interior para subsanar las posibles dificultades técnicas.

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