Fuente: Terra

Las cifras bailan en función de la fuente consultada, pero revelan por sí solas un problema que afecta al 92 por ciento de los penales del Estado. Según un informe del sindicato Acaip, sólo cinco cárceles españolas de las 66 existentes no están saturadas. En total hay 55.000 presos en 32.000 plazas.

El estado de la cárcel guipuzcoana es tan precario que Mercedes Gallizo, la directora de Instituciones Penitenciarias -un departamento que depende del Ministerio del Interior-, tuvo 'ganas de cerrarla' nada más conocerla en junio del 2004. De su visita se obtuvo el compromiso de trasladar el penal lo antes posible a un nuevo pabellón en Zubieta, que tendrá más plazas y mejores equipamientos, pero no hay todavía una fecha concreta.

Han pasado dos años desde entonces y las cosas 'no han cambiado nada. Es más, lo único que ha ocurrido es que la población reclusa ha aumentado muchísimo', dice Luis Miguel Medina, capellán de la cárcel desde hace seis años. A finales de 2005, Martutene acogía a 287 presos -267 hombres y 20 mujeres-. Las cifras se elevaban a 340 presos a fecha de 22 de diciembre de 2006, según el sindicato de prisiones, lo que supone más de dos presos por celda. Hay fuentes que aseguran que hay aposentos con cuatro reclusos 'donde apenas tienen sitio'.

Medina entra todos los días en Martu y tiene un contacto directo con los presos. Conocía personalmente a Abdel, el joven saharaui que se suicidó en el penal el pasado 16 de diciembre. Su muerte le 'afectó mucho' y desde entonces el ambiente en prisión 'ha empeorado'. El sacerdote habla alto y claro, aunque admite que se guarda 'muchas cosas. No es que no quiera decirlas, es que no debo decirlas por prudencia. Pero lo que no se deben callar son las injusticias'.

Y por eso habla. Se remite a una entrevista que concedió a este periódico en noviembre de 2005. 'Puedes coger cualquier declaración. Las cosas no han cambiado nada', afirma resignado. Entonces, denunciaba las carencias del edificio y la falta de implicación en la sociedad para lograr la reinserción de los presos. 'La cárcel es parte de la sociedad. Hay gente que cuando pasa por delante gira la cabeza. Pero los presos son seres humanos, aunque hayan cometido un delito'. El capellán confía en las segundas oportunidades. 'Responden cuando hay amor, respeto y confianza. Han hecho mal, cierto, pero tienen la posibilidad de cambiar'.

'Los resultados son mínimos', apunta por su parte el responsable de ELA prisiones, Javier del Moral. 'Hay programas de reinserción con grandes profesionales que trabajan con verdadero interés. Pero luego chocan contra la realidad, que es la que es'. La cárcel de Martutene fue construida en 1948 y desde entonces ha sido reformada en varias ocasiones, aunque nunca de forma integral, lo que ha provocado que a día de hoy 'las carencias sean de todo tipo', afirma un trabajador de la prisión que prefiere mantener el anonimato. La lista es larga: 'celdas pequeñas con hasta cinco presos, algunas sin ducha ni calefacción, ventanas que cierran mal, una humedad terrible, pocos espacios para las actividades, malas condiciones de la enfermería y escasos recursos humanos'.

Porque, además de los problemas estructurales, los empleados de la prisión denuncian que las cargas laborales se han disparado desde hace un par de años, tras aumentar considerablemente el número de reclusos. Los tres trabajadores sociales del recinto, por ejemplo, atienden a los más de trescientos presos internos y a otros doscientos en situación de libertad condicional, a lo que hay que añadir los servicios a los familiares y la labor administrativa. 'Insuficiente a todas luces', añade. Según ELA, que también denuncia la escasez de recursos personales y materiales, en la prisión trabajan tres médicos, otras tantas enfermeras y un auxiliar. Hay también tres trabajadoras sociales, un psicólogo, otro contratado temporalmente, varios educadores, juristas y maestros. Además, unas cien personas, la mayor parte de asociaciones y voluntarios, tienen autorizado el acceso a un recinto que destaca 'por su carácter abierto'. 'Dentro de todo lo malo -dice el empleado de la prisión-, es una cárcel muy abierta al exterior. Hay muchos testigos de lo que pasa dentro. Si lo quisieran ocultar, cerrarían las puertas como hacen en otras instalaciones penitenciarias'.

El jesuita Txema Auzmendi es una de las personas que permanecen fuera del penal. En Loiola Etxea, el proyecto que dirige desde el año 2000, atienden a los presos sin recursos que salen de la cárcel y se encuentran 'sin salida'. Son como una gran familia de unos quince miembros que tapa 'el agujero social' para la reinserción de los ex presos, un camino difícil que ellos quieren allanar. 'Sin un apoyo o sin un acompañamiento fuera de la cárcel es muy difícil que se rehabiliten', cuenta Auzmendi, que recibió en 2004 el premio de los Derechos Humanos de la Diputación por su labor en defensa de las personas en riesgo de exclusión. 'La reinserción es muy difícil, porque muchos están tocados, enfermos, con graves daños psicológicos por el consumo de drogas', explica Auzmendi, quien asegura que otro de los obstáculos es el rechazo social y la falta de recursos al otro lado de las rejas. 'El tema está muy verde. Si coincide además con que el preso es inmigrante, se complica mucho más. Cuando salen lo primero que sienten es un respiro enorme de libertad, pero el sentimiento se mezcla con el pánico de no tener ningún apoyo fuera'.

Los trabajadores del penal tampoco son optimistas en este sentido. 'La reinserción es posible, pero muy difícil. Es gente que sale con un gran deterioro, debido a años de consumo de todo tipo de sustancias. Muchos son inmigrantes, con poco arraigo, y que no tienen nada al salir'.

'¿Reinserción? Ahora mismo la cárcel no está cumpliendo con esta función, y si no lo hace, pierde su sentido originario, la de penar a los delincuentes y la de reorientarlos', dice el capellán. 'Cuando entré -hace seis años- lo que esperaba encontrar es vida, pero la vida en Martutene es muy frágil y hay que cuidarla'. Ahora Medina confía en que esta información 'no sea sólo un titular', que la denuncia pública de 'las penosas condiciones' del penal sirva para 'remover conciencias' y conseguir resultados.