Fuente: farodevigo.es

Las quejas de la Fiscalía gallega por la falta de plazas para cumplir las penas de trabajos comunitarios no han caído en saco roto. La reciente reforma del Código Penal en materia de tráfico, que tipifica como delito superar los 100 kilómetros en ciudad o superar en 0,6 miligramos la tasa de alcohol, ha obligado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a negociar nuevos convenios para garantizar el cumplimiento de las penas sustitutivas de prisión.

La última reforma penal agravó un problema que ya se arrastraba desde 2004, año en el que la modificación del Código Penal abrió la puerta a la generalización de las condenas a prestar servicios a la comunidad al suprimir los arrestos de fin semana en los delitos menores. Desde hace meses, jueces y fiscales gallegos advierten de que si Prisiones no firma en un plazo corto de tiempo nuevos convenios con ayuntamientos y ONGs, las 368 plazas ofertadas actualmente en Galicia no serán suficientes para cumplir las penas de trabajos sociales.

Y es que desde diciembre, los conductores que delincan por primera vez pueden conmutar la pena de prisión -reservada para muertes imprudentes o casos de reincidencia y multirreincidencia- por una multa económica que lleva aparejada obligatoriamente una condena de servicios en beneficio de la comunidad.

En tan sólo un mes del nuevo Código Penal en materia de seguridad vial, la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) abrió expediente a 365 conductores gallegos, lo que supone una media de 12 cada día. Solamente con los condenados por delitos de tráfico a trabajos sociales se cubrirían las plazas ofertadas para este año en Galicia.

La respuesta por parte de Prisiones a las quejas de jueces y fiscales se plasmará en un convenio que suscribirá con la Dirección General de Tráfico (DGT) antes de las elecciones generales del próximo mes de marzo. El objetivo de Instituciones Penitenciarias es duplicar las 6.000 plazas de trabajos en beneficio de la comunidad convocadas para este año en España.

Al acuerdo que cerrará en los próximo meses con Tráfico, se sumarán las plazas que también está negociando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Cruz Roja. Con la institución humanitaria ya se ha fijado una fecha -el próximo día 15 de febrero- para negociar nuevos programas de reinserción. Aunque Prisiones todavía no ha contactado con el Sergas, también tiene previsto implicar a la sanidad gallega para que los conductores condenados a servicios comunitarios puedan ayudar en la recuperación de las víctimas de accidentes de tráfico.

Con tiempo.

El presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, ha manifestado la intención de "dinamizar" el papel de los municipios gallegos en la creación de nuevas plazas de trabajos comunitarios, aunque admitió que la creación de estas ofertas para la redención de condena "es una novedad que pilla a muchos con el pie cambiado". "Son transformaciones sociales que llevan tiempo. En ocasiones, cuando algunos alcaldes no encuentran hueco para resolver estas situaciones es porque detectan que la sociedad que ellos administran es reacia a que esto se produzca", asegura Carlos Fernández.

En la actualidad, los 315 ayuntamientos gallegos sólo ofertan 230 vacantes (40 en la provincia de A Coruña, 38 en Lugo, 51 en Ourense y 101 en Pontevedra). Cruz Roja cuenta con un total de 24 plazas -4 en A Coruña, 10 en Lugo, 5 en Ourense y las 5 restantes en Pontevedra-. Además, tres ONGs han reservado ocho puestos para condenas alternativas a la pena de prisión.

La falta de plazas en los ayuntamientos ha llegado a tal punto que algunos condenados a trabajos sociales por delitos menores están cumpliendo la pena realizando labores administrativas en las oficinas de Servicios Sociales Penitenciarios, que es la encargada de encontrarles plaza. En total, en los centros penitenciarios gallegos se ofertan 106 puestos para trabajos sociales, en su mayoría para limpieza, jardinería y apoyo a ONGs. La prisión de pontevedresa de A Lama es la que cuenta con más plazas (46), seguida de la de Teixeiro (23), Ourense (20) y, finalmente, las 17 de Lugo (13, en Bonxe, y 4, en Monterroso).

Cerca de la mitad de las 368 plazas aprobadas actualmente en la comunidad gallega se concentran en la provincia de Pontevedra (153). En Ourense, los ayuntamientos, ONGs y centros penitenciarios cuentan con 67 puestos, seguidos por las 71 plazas en A Coruña y 68, en Lugo. La mayoría de las actividades se centran en tareas administrativas, labores de jardinería y limpieza y trabajos ocupacionales.