Fuente: La Tribuna de Albacete Digital

El Centro Penitenciario de La Torrecica, a escasos kilómetros de la capital albaceteña, se encuentra sobrepoblado, según un estudio realizado por el Sindicato de Prisiones, Acaip. En el citado informe, se desvela que la prisión albaceteña posee, de forma oficial, 135 plazas para ser ocupadas por reclusos. Hoy en día, la situación es muy distinta, ya que en La Torrecica están presos 295 personas, lo que supone que la tasa de hacinamiento alcanza el 220 por ciento. Sin embargo, esta situación no es la más alarmante en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Cuenca y Ocaña I, en la provincia de Toledo, llegan a tasas de hacinamiento del 239 y 225 por ciento, respectivamente. Además, desde el año 2004, la población reclusa en los centros penitenciarios de la región ha crecido en más de un 13 por ciento, cuando en el conjunto del país lo ha hecho en poco más de un dos por ciento.

Lejos han quedado ya las declaraciones de la directora general de Instituciones Penitenciarias, la socialista Mercedes Gallizo, que en el año 2005 declaró que el principal problema de las cárceles españolas era la «sobreocupación» de reos. Gallizo confiaba entonces en la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Según la máxima mandataria de instituciones penitenciarias, con la nueva ley se impulsaría la construcción de nuevos centros, tanto para el cumplimiento de las condenas como para la inserción social de los delincuentes, a la vez que se mejorarían las instalaciones ya existentes en el país.

Tres años después, el Sindicato de Prisiones, Acaip, denuncia que la situación, en vez de mejorar, ha empeorado, lo que ha provocado que en Castilla-La Mancha la situación de hacinamiento haya aumentado. Mercedes Gallizo tendría que dar la cara ante la opinión pública y explicar por qué la situación de las cárceles castellano-manchegas es la actual.

Los políticos que ocupan cargos públicos deben medir muy bien sus palabras, ya que, como gestores públicos que son, tienen la obligación de intentar mejorar los servicios que están a su cargo y que redundan en el bienestar de toda la ciudadanía, como es este caso. Una promesa realizada por una coyuntura puntual puede avergonzar a quien la suscribió unos años más tarde, si no se ha cumplido y, encima, la situación de la que se ocupaba ha empeorado.

Ya es hora que la Administración central realice una política seria y eficaz de los centros penitenciarios que tiene a su cargo.