Fuente: Diario Noticias de Álava

El futuro penitenciario de Álava se adivina plagado de luces y sombras. La nueva cárcel alavesa que el Ministerio de Interior ejecutará en Nanclares de la Oca a través de su dirección de Instituciones Penitenciarias no relevará a la antigua prisión, sino que la complementará, con lo que el territorio pasará a contar con dos centros de reclusión de considerable tamaño. La encargada de confirmar que el antiguo penal no cerrará sus puertas fue la propia directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien lo comunicó a un grupo de abogados que trabajan con colectivos de presos. Lo que no aclaró fue qué destino concreto se reserva para la vieja construcción y se limitó a señalar que desempeñará "otros fines penitenciarios".

Las informaciones sobre los planes que Instituciones Penitenciarias tiene para el territorio gotean con lentitud a través de cauces alternativos y es necesario recurrir a métodos poco ortodoxos para adelantarse a los acontecimientos. El último revés para los detractores del proyecto de la nueva macrocárcel de Nanclares de la Oca ha recalado en Vitoria vía Madrid y fue presentado la semana pasada ante la comisión de Bienestar Social de la Diputación alavesa. Según indicó ayer el portavoz de la plataforma de apoyo a presos Salhaketa, César Manzanos, un abogado de la Asociación de Ayuda al Preso (ADAP) trasladó a los integrantes del órgano foral que Mercedes Gallizo comunicó en una reunión celebrada en Madrid su intención de no prescindir del viejo penal alavés una vez esté ejecutada la nueva construcción. Consultados ayer por este diario, los portavoces de Instituciones Penitenciarias ni confirmaron ni desmintieron esta información y declinaron precisar los posibles usos que puede albergar la vieja cárcel.

Manzanos explicó que la revelación de Gallizo tuvo lugar durante un encuentro de la responsable de Instituciones Penitenciarias con abogados de oficio de diferentes puntos del Estado. Además, señaló que a lo largo de la reunión, la representante institucional apuntó que el viejo penal se empleará para "otros fines penitenciarios". Un abanico de posibilidades tan amplio que, según destacó Manzanos, puede aludir a que el centro será destinado a acoger reos en régimen abierto o que se reconvertirá en almacén.

El representante de Salhaketa lamentó que Instituciones Penitenciarias no de a conocer sus planes para Álava de forma clara y aseguró que, aunque existiesen planes diferentes para los terrenos que ocupa actualmente la cárcel , éstos serían de muy difícil ejecución, ya que "fueron expropiados para ser utilizados con fines penales y si se empleasen para otras cuestiones tal vez habría que devolverlos a sus titulares originales". Manzanos, además, se mostró convencido de que Gallizo no aprovechará el complejo para destinar un área a mujeres con niños o para jóvenes y, de esta manera, suplir las carencias penitenciarias "reales" del territorio.

Como resultado de la nueva información, que por el momento no ha sido transmitida por el Ministerio de Interior a la Subdelegación del Gobierno, el territorio podría llegar a contar con dos grandes penales, algo con lo que ninguno de los grupos políticos que integran el Parlamento Vasco contaba a priori.

más pequeño Manzanos recordó que la semana pasada Salhaketa compareció ante la comisión parlamentaria de Bienestar Social para informar a los políticos sobre la situación que atraviesa el territorio. Según explicó, todos los partidos manifestaron su oposición frontal al proyecto de la nueva macrocárcel a excepción del PSE "que evitó criticarlo y fue mucho más ambiguo que el resto". Los representantes de la Cámara vasca que no comparten signo político con el partido que gobierna en Madrid coincidieron con Salhaketa en considerar más adecuado para Álava "un modelo de centro de ejecución penal más pequeño, máximo para 500 personas que residan en Álava, y ubicado en otro enclave", según indicó Manzanos.

A pesar de la amplia oposición al proyecto manifestada por el Parlamento Vasco, el Consejo de Ministros es el único organismo capacitado para decidir el futuro de los penales alaveses y el que tendrá la última palabra a la hora de determinar las características de la nueva cárcel.