Fuente: sur.es

El sindicato de prisiones Acaip está preocupando por los casos de cáncer que se están dando en el centro penitenciario y que han acabado ya con la vida de alguno de sus trabajadores. Según su responsable, Florencio Merino, esta intranquilidad tiene su base en la cercanía a las instalaciones penitenciarias de la planta incineradora de la ciudad que, al parecer, podría estar emitiendo «gases tóxicos» a la atmósfera.

Para poner freno a la preocupación que existe en la plantilla de la cárcel, el sindicato va a iniciar acciones legales contra la incineradora para que se lleven a cabo las mediciones necesarias para aclarar si los gases que emite son perjudiciales o no para los melillenses que viven o trabajan en las inmediaciones. Y es que, en palabras de Merino, «hay varios compañeros afectados y es un índice demasiado alto el de personas que sufren esta enfermedad en esta institución. Primero creíamos que se debía a unas antenas que teníamos al lado pero se midieron y están en un índice normal, pero no caímos en la planta incineradora». La solución a este problema pasa, a juicio del sindicalista, por trasladar estas instalaciones fuera del núcleo urbano de la ciudad, «ya que en ningún sitio una incineradora de este tipo está tan cerca de los ciudadanos. No debería estar aquí, nosotros creemos que sufrimos y que repercute en nuestra salud, por eso lo denunciaremos donde sea necesario para que desaparezca la intranquilidad de la plantilla».

Aumento de los reclusos.

Si hace unos meses el nivel de internos en el centro penitenciario había descendido gracias al traslado de presos a la península, la situación ahora es muy distinta, ya que se ha experimentado un repunte que sitúa el total de reclusos en 276. Esta cantidad supone que las instalaciones se encuentren al doble de su capacidad, ya que sólo cuenta con 146 celdas individuales que ahora comparten dos presos, una situación que dista mucho de lo prometido por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que se comprometió durante su toma de posesión a que en todo el sistema penitenciario de España se consiguiera una celda por cada interno, «algo que no ocurre en ninguna cárcel del país».

Según Merino, la mayor parte de los reclusos están cumpliendo condena por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y por delito contra el derecho de los trabajadores (tráfico de inmigrantes), ya que los delitos de sangre «son imperceptibles, casi residuales». En este punto, explicó que en Melilla todavía no se ha registrado un aumento del número de presos por la nueva normativa del tráfico, «un aspecto que más adelante colapsará el sistema penitenciario español».

Por otra parte, el responsable del sindicado Acaip detalló que de los 276 reclusos tan sólo 10 son mujeres, un colectivo que vive en un módulo separado del resto, aunque en ocasiones, como en el desarrollo de actividades culturales o religiosas, comparten el mismo espacio. En cuanto a la procedencia de los internos, la situación es muy similar al del resto de la península, un tercio de la población reclusa es extranjera y, en el caso de Melilla, de Marruecos.

A pesar de que el número de presos no es el ideal para el centro penitenciario, Merino indicó que en comparación con otras instalaciones de la península «estamos mejor». Y es que, los continuos traslados a otros centros de la geografía nacional permite que la cárcel se desahogue de vez en cuando. Además, hay que tener en cuenta que «las infraestructuras de Melilla no están preparadas para acoger a determinados presos, como los peligrosos, y que cuando los internos reciben la condena pasan a cumplir su pena a otros centros de la península, que son los más adecuados para las condenas de larga duración».