Fuente: diariovasco.com

ETA ha dado órdenes a los sectores más duros de la organización para que comiencen a utilizar medidas de presión entre los familiares de los presos y pongan fin a las disidencias que se están produciendo cada vez con más frecuencia en los sectores más moderados. Un informe policial sobre la situación de las prisiones describe un aumento de la tensión entre la cúpula de la organización y una parte de los reclusos -que contaría con el apoyo de sus allegados-. Todo a raíz de que se comenzasen a conceder beneficios penitenciarios a los etarras encarcelados que han rechazado la violencia.

Como ejemplo de esta fractura aluden a un episodio reciente. Una asamblea de familiares de presos decidió no retirar las fotos de sus allegados de la herriko taberna de su localidad, pese a que los internos se habían acogido a beneficios penitenciarios. Días más tarde, un joven se presentó en el local y las retiró, tras afirmar que los retratos «los había pagado Gestoras y pertenecían al colectivo y no a las familias».

Las discrepancias han llegado a tal punto, según explican distintas fuentes, que en algunas reuniones se han lanzado acusaciones de traición y mostrado actitudes de rechazo y aislamiento hacia los allegados de reclusos que no suscriben la línea oficial. Las presiones han pasado, incluso, de las palabras a los hechos. A algunos familiares se les ha impedido subirse a los autobuses que contratan los colectivos de apoyo a los presos para viajar y visitar a los internos y, en algunos casos, se han realizado pintadas amenazantes en los pueblos de los disidentes.

Fin de la tregua

La moral de los presos sufrió un grave revés cuando ETA decidió romper su alto el fuego en junio de 2007. El retorno a las armas acabó de un plumazo con las posibilidades que el propio colectivo atisbaba de mejorar su situación. Dirigentes históricos y con peso en la organización como José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y Kepa Pikabea, no dudaron en escribir desde sus celdas cartas con duras críticas hacia la banda.

Aunque Txelis ya había expresado con anterioridad su rechazo a la violencia, su mensaje se vio reforzado por otro texto de Francisco Mujika Garmendia, Pakito. A ellos se sumaron figuras referenciales como José Luis Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola, que en septiembre del año pasado escribieron una misiva en la que, además de pedir el cese de la violencia, animaban a los miembros de ETA a dejar la organización.

En ese ambiente de desánimo, uno de los factores que ha tenido su influencia ha sido la puesta en marcha por parte del Gobierno central de ciertos cambios en la política penitenciaria, con un claro objetivo: hacer aflorar la división en el colectivo de presos. El Ministerio del Interior ha trasladado a prisiones algo más próximas a Euskadi a una veintena de reclusos disidentes. De la misma manera, se ha alejado a aquellos reclusos más radicalizados.

Un desafío

Todos estos movimientos han provocado un terremoto en la izquierda abertzale. El 13 de diciembre del año pasado, alrededor de un centenar de ex presos organizaron un acto en Usurbil en el que rechazaron la política penitenciaria del Gobierno. Aquella rueda de prensa en Usurbil tuvo una rápida respuesta, dentro del propio entorno de la organización, en lo que se ha interpretado como un desafío sin antecedentes hacia la cúpula terrorista. Familiares de presos disidentes organizaron una comida en la localidad vascofrancesa de Mugerre para apoyar a internos como Txelis, que han sido expulsados del colectivo de reclusos. En aquella reunión asistieron 160 personas que también reclamaron el fin de la violencia.

Desde ETA se ha pedido a los sectores más duros de Ekin que controle con más celo a los familiares de los presos. Pese a todo, los comisarios políticos de la izquierda abertzale se han visto desbordados por la propia situación. Es el caso de un recluso vizcaíno que a finales del año pasado consiguió salir de prisión para residir en su domicilio, de forma controlada, ante su delicado estado de salud. En un principio, la izquierda abertzale había hecho bandera de su caso. Sin embargo, el auto de libertad recogía que, el 19 de octubre, el interno había manifestado que se comprometía a «no utilizar las vías armadas o violentas para defender ideas políticas». Cuando el juzgado le pidió por escrito que firmase un texto de arrepentimiento antes de abandonar la cárcel, el preso suscribió un texto en el que pedía perdón a las víctimas.

Este caso hizo saltar todas las alarmas dentro de la banda. El núcleo que controla la situación de los presos pidió a ETA órdenes sobre cómo actuar. La organización dispuso que se le hiciera llegar al preso «sin ninguna publicidad» una recriminación, aunque sin tomar «por el momento» medidas disciplinarias. Respecto a la familia, la cúpula etarra ordenó romper cualquier relación entre los allegados y los abogados.