Fuente: laopiniondegranada.es

LEANDRO GARCÍA CASANOVA El pasado 12 de enero, se celebró una mesa redonda en la Delegación del Gobierno sobre los ‘Internamientos involuntarios’ a los enfermos mentales, organizada por una trabajadora social y la presidenta de Agrafem (Asociación Granadina de Familiares de Enfermos Mentales), que presentó a los ponentes: el jefe de Policía de Granada, el juez y la forense del Juzgado de 1ª Instancia, número 16 (Familia), el jefe de Dispositivos y Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU: ambulancias que atienden las urgencias) y el jefe de Servicio de Psiquiatría, del hospital Virgen de las Nieves.

Asistieron unos 50 familiares y enfermos, pero no ha salido nada en la prensa, yo tomé unos apuntes y no dispongo de más datos de los ponentes, pues no había programa del acto. La trabajadora social afirmó, entre otras cosas, que faltan información y recursos para los enfermos mentales, así como una mayor sensibilidad por parte de la sociedad. El jefe de Policía explicó la labor que realiza este cuerpo, cuando los jueces y los sanitarios requieren su ayuda para internar a los enfermos mentales, donde a veces es necesario utilizar la fuerza, reducir al enfermo y hasta llevárselo esposado.

Por su parte, el juez de Familia habló sobre los traslados de los enfermos en crisis, donde la mayoría de las veces es necesaria la autorización del juzgado, así como cuando se produce un ingreso involuntario en un hospital psiquiátrico. Cuando el enfermo mental deja de tomar la medicación –que lo mantiene relajado– o tiene una crisis, puede mostrarse agresivo, pues en su mente hay una visión distorsionada de la realidad.

La forense se mostró partidaria de que el enfermo debe saber lo relativo a su enfermedad y justificó los ingresos involuntarios en personas amnésicas, en los casos de una depresión grave y de psicosis tóxicas, como viene ocurriendo durante los fines de semana entre los jóvenes que abusan del alcohol. El jefe de Servicio de Psiquiatría indicó que el 80% de los ingresos involuntarios se dan por Urgencias, y el 20% restante se hace de forma voluntaria. Dijo que, no hace muchos años, había tres auxiliares que se desplazaban en una ambulancia, reducían al enfermo, lo maniataban si era preciso y lo llevaban al hospital.

Cobraban por acto realizado y, si no traían al enfermo, no les pagaban. Hoy, en cambio, hay un sanitario, un médico y un psiquiatra. Durante el franquismo, también se daba el caso de que un alcalde podía firmar una “orden de internamiento” de un vecino –por causas justificadas, o porque quisiera quitárselo de encima– y lo ingresaban una temporada en el psiquiátrico. Y en la visita de un alto cargo a Granada, el gobernador civil dio la orden de ingresar a once mendigos para quitarlos de la circulación. Añadió que el sistema sanitario está organizado para todos, menos para el enfermo mental –que depende del Servicio Andaluz de Salud Mental–, los citan cada dos meses, no hay visitas a domicilio de los psiquiatras y la familia tiene que sortear toda clase de obstáculos.

Un asistente al acto expuso que su hermano de 44 años estaba siendo maltratado física y psíquicamente, en una residencia privada, subvencionada por la Junta. Esto lo reconoció el enfermo, delante del familiar y del psiquiatra del Equipo de Salud Mental, que pudo comprobar que tenía una herida en la nariz a causa de un golpe que le propinaron.

El psiquiatra prometió hacer un informe para que el enfermo fuera trasladado a un centro público, pero al día siguiente dijo que no había plazas y que siguiera en la residencia donde está padeciendo toda clase de vejaciones. El familiar puso una reclamación y, días después, cuando habló con un alto cargo del hospital, tuvo que oír esto: “Si yo fuera el psiquiatra, te denunciaba en el juzgado”.

En cuanto a Agrafem, se dedica a organizar comidas, viajes y actos, pero no invita a las “madres disidentes” –a las que algunos tachan de “folloneras”–, que se manifiestan delante de la Delegación de Salud pidiendo plazas y mejoras para los enfermos mentales. Ahora tiene un presidente rotatorio cada tres meses, pero queda la duda de si esta “peregrina decisión” ha sido aprobada por la mayoría de los socios y es conforme a los Estatutos.

Esto es un submundo donde está todo por hacer, mientras que los enfermos mentales están en el mayor desamparo: no hay recursos, no hay medios y no se ha creado ni una sola plaza en Granada en el 2009. La Comunidad Terapéutica está en un pabellón del antiguo hospital Psiquiátrico, pero tienen el otro pabellón cerrado por falta de recursos y porque no hay voluntad política.

La Reforma Psiquiátrica consistió en cerrar todos los psiquiátricos en Andalucía, mientras echaron a los enfermos a la calle para que los cuidaran sus familiares. Según Instituciones Penitenciarias, uno de cada cuatro reclusos españoles padece alguna enfermedad mental, pero sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios: en Sevilla y Alicante.