ENFOQUE
OPINIÓN
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Número 2
junio 2016
(Viene de la primera página)
El 21 de octubre de 2015 se reunió el grupo de trabajo
del Protocolo Agresiones en Instituciones Penitenciarias
dependiente de la Comisión Técnica de Prevención de
Riesgos Laborales de la Mesa General de Negociación de
la Administración General del Estado. En dicha reunión
estuvo presente la Subdirectora General de Recursos
Humanos de Instituciones Penitenciarias para valorar la
necesidad de que el personal de Instituciones Peniten-
ciaras tuviese una regulación especial del Plan Contra las
Agresiones en la Administración General del Estado, y su
posición fue claramente contraria. Para fundamentarlo
utilizó, entre otros, los siguientes “criterios”:
• Porque los administrados en Instituciones Pe-
nitenciarias se caracterizan por su inadaptación
social.
• Para la SGIP la prevención de las agresiones al
personal penitenciario pasa por medidas de me-
jora de las habilidades sociales de los reclusos.
• No existen especiales problemas de agresiones en
prisiones.
• Las características del trabajo en prisiones
hacen posible alguna agresión.
El pasado 10 de diciembre de 2015, se publicó
en el BOE la Resolución de 26 de noviembre de
2015, de la Secretaría de Estado de Administracio-
nes Públicas, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015,
por el que se aprueba el Protocolo de actuación
frente a la violencia en el trabajo en la Administra-
ción General del Estado y los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella. ¿Estábamos in-
cluidos? Pues NO.
Lo cierto es que en Instituciones Penitenciarias
se producen el 60%del total de las agresiones en la
AGE y el 80% de las agresiones graves. Inconcebi-
blemente, la Administración, CSIF y UGT entien-
den que no se nos debe aplicar, y en el propio texto
del Acuerdo establecen que “por lo que se refiere
al ámbito de los Centros Penitenciarios y Centros
de Inserción Social dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, se reali-
zará en el plazo de seis meses una valoración de
la posibilidad de disponer de una regulación es-
pecial del Protocolo. A tal efecto se constituirá un
grupo de trabajo en el seno de la Comisión Técni-
ca de Prevención de Riesgos Laborales, con la par-
ticipación de Instituciones Penitenciarias”
Queríamos pensar de buena fe que en ese pla-
zo de tiempo el protocolo se adaptaría y no se permitiría
por parte de CSIF y UGT que se mantuviese a los emplea-
dos públicos penitenciarios como los parias de la Admi-
nistración, cuando somos el personal más afectado por
esta problemática. Esa ha sido la razón de no haber criti-
cado abiertamente el Protocolo con anterioridad.
Desgraciadamente no ha sido así: ya han pasado los
seismeses y seguimos excluidos del Protocolo de Agresio-
nes y en los últimos meses se ha vuelto a disparar la vio-
lencia en los centros tal como se comprueba diariamente
en nuestra web y en los medios de comunicación.
Es lamentable que la Administración a la que perte-
necemos piense que las agresiones van en el sueldo por
el simple hecho trabajar en prisiones o porque los inter-
nos sean unos inadaptados socialmente; además, tiene la
desfachatez de asegurar que no existe un problema con la
violencia en Instituciones Penitenciarias. Kafkiano resul-
ta que quien defiende esta postura, la Subdirectora Gene-
ral de Recursos Humanos, no es penitenciaria y nuestra
profesión la conoce por las series de televisión.
Pero si la actuación de la Administración es penosa, la
de CSIF y UGT es incalificable. En un ejercicio de cinismo
sindical sin precedente firman un protocolo que excluye
a más de la mitad de los casos de agresiones en la AGE,
entendiendo que los trabajadores penitenciarios no tene-
mos derechos; firman la discriminación entre empleados
públicos exiliando la normativa de salud laboral fuera de
las prisiones, ya que somos el único colectivo excluido.
No pueden llamarse sindicatos quienes abandonan así a
sus trabajadores.
El protocolo del que se nos excluye establece muchas
medidas, pero una de ellas sería primordial en Institu-
ciones Penitenciarias y consiste en el apoyo jurídico a la
víctima si el afectado considera oportuno denunciar la
agresión sufrida ante el juzgado o la autoridad policial
competente y solicita expresamente dicho apoyo. La Ad-
ministración podrá actuar, en cualquier caso, como de-
nunciante; y si se produce el apoyo, se realizará con ca-
rácter prioritario a través del Servicio Jurídico del Estado.
Si no fuese posible podrá actuarse:
• A través de la contratación, por parte del Depar-
tamento/Organismo, de seguros de garantía de
reclamación ante terceros, por daños y perjuicios
causados a la persona asegurada en el ámbito de
su actividad como empleado público, por malos
tratos físicos u ofensas verbales. Si se recurre a un
seguro colectivo, las condiciones de éste deberán
ser adecuadas a la evaluación de los riesgos y al
diagnóstico realizado, cubriendo a los empleados
públicos cuyo riesgo haya sido considerado me-
dio o alto.
• Comprometiéndose a satisfacer, en su caso, los
gastos correspondientes a la defensa jurídica del
empleado público cuando se dieran los supuestos
a los que este protocolo se refiere.
Gracias a que CSIF y UGT nos han excluido del
Protocolo, han evitado la posibilidad de tener un
seguro que cubra estas contingencias o que la Ad-
ministración asuma los gastos de la denuncia con-
tra el agresor. ¿Cómo se puede ser tan irresponsa-
ble? ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza?
Los hechos ponen a cada organización en su
sitio y muchas veces nos hacen preguntarnos por
qué estos grandes Sindicatos desprecian a nuestra
Institución y respetan tan poco a los trabajadores
penitenciarios. Luego seguirán diciendo que de-
fienden los intereses de nuestro colectivo en un
ejercicio de travestismo intelectual. Pero eso es
mentira, porque si hubiesen sido valientes y no
hubiesen firmado, seguramente en este momento
estaríamos incluidos. No se puede vender a unos
colectivos para favorecer a otros. No se puede vender
constantemente a los empleados públicos penitenciarios.
Cada vez se hace más imprescindible la creación de
una regulación específica para Instituciones Penitencia-
rias, en la que el personal penitenciario elija directamente
a quienes deben representarles, de tal forma que las orga-
nizaciones sindicales que realmente sean representativas
en el ámbito negocien las condiciones de trabajo en el
sector. Seguro que entonces no harían estas cosas.
Pero de todo esto hablaremos en el próximo número
de Enfoque…
Instituciones
Penitenciarias, CSIF
y UGT excluyen a
los trabajadores
penitenciarios del
Protocolo de Agresiones
en la AGE
Carta del Presidente
SUBE Y BAJA
José Ramón López
La alcaldesa de Córdoba,
Doña Ma-
ría Isabel Ambrosio Palos
, en la
inauguración de un centro cívico
en los terrenos de la antigua prisión
provincial, declaró que “no deja de
tener una cierta justicia poética que
donde se instaló la represión, el mie-
do y la humillación, a partir de hoy flo-
recerá la libertad, el diálogo y la dignidad”.
Resulta lamentable que cierta clase política de este país
siga manteniendo la ignorancia, la demagogia y la descali-
ficación como su forma de hacer política. Además de la co-
bardía: se la invitóa rectificar para respetar a los empleados
públicos penitenciarios y ha dado la callada por respuesta
Don Juan Mesa
, Director del
Centro Penitenciario de Jaén,
que intenta solucionar los
problemas de su centro me-
diante la apertura de infor-
maciones reservadas y expe-
dientes disciplinarios. Es en el
diálogo y en el intercambio de
opiniones y visiones de la realidad
penitenciaria en dónde radica el camino de una
gestión de personal adecuada. Por el que ha elegido
únicamente queda la confrontación. Es el momen-
to para que este tipo de directivos penitenciarios
abandonen su puesto.
Doña Ana María Velasco
es la
Subdirectora General de Recursos
Humanos de la SecretariaGeneral
de Instituciones Penitenciarias.
No entendemos cuál es el proble-
ma que puede tener con los fun-
cionarios en prácticas o con su situa-
ción administrativa, pero lo cierto es que
de forma innecesaria se está cebando en perjudicar sus
condiciones de trabajo, de por si precarias: ya lo hizo re-
duciendo sus retribuciones en parte del periodo inicial y
ahora lo hace impidiéndoles elegir el puesto quemejor se
adapte a sus necesidades en función de la nota obtenida
en el proceso selectivo. Debería hacérselomirar
