Acceso usuarios

Acceder al portal

Usuario (NIF) *
Contraseña *
Recordarme
Pablo

Pablo

EL PRIMER EXAMEN SERA EL 2 DE FEBRERO 2020

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de 9 de octubre de 2019.

ACAIP, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP, sindicato mayoritario entre los trabajadores penitenciarios grancanarios y del resto de las prisiones españolas, afiliado a la UGT, comunica que

En la tarde de ayer lunes, al bajar de sus celdas a los internos del módulo cuatro después del descanso del mediodía, un preso joven con probable enfermedad mental increpa faltando al respeto de forma grave y a voces a la funcionaria presente en el departamento sin ningún motivo aparente. Acude otro compañero de vigilancia y le comnina a cesar en su actitud y a dirigirse al patio. Aunque en un primer momento el recluso alcanza el umbral de esta zona común, el interno retrocede y propina sorpresivamente un puñetazo en la mandíbula al funcionario que había intentado rebajar la actitud agresiva y violenta verbalmente del recluso. Una vez personados más funcionarios en el módulo el interno es conducido al módulo de Aislamiento donde se produce una vuelta a la calma por parte del interno, durante la reducción del interno fueron lesionados levemente dos funcionarios más.

Este sindicato debe indicar que este incidente es el día a día de todos los trabajadores penitenciarios. Actualmente hay una parte importante de la población penitenciaria que padece una patología de carácter dual: presentan una adicción al consumo de sustancias estupefacientes y al mismo tiempo padecen enfermedades mentales. Una combinación muy explosiva en el entorno penitenciario y que es causa directa de incidentes muy graves dentro de los centros de reclusión de toda España. Y el de Salto del Negro no es una excepción.

Indicar que debido a la incomunicación que se produce entre la Sanidad Penitenciaria y el Servicio Canario de Salud, y al no tener conectadas las bases de los expedientes clínicos, muchas de las personas privadas de libertad que llegan a un prisión pueden ingresar sin haber sido detectada su enfermedad mental de forma inicial a la entrada en el centro. Esta situación es similar a la falta de diagnóstico con las personas que presentan discapacidades de tipo intelectual y son recluidas en un establecimiento penitenciario. A día de hoy, con datos proporcionados por la Secr. Gral de II.PP hay 5.097 presos con discapacidades reconocidas de los cuales 1.324 ingresaron en los centros sin este diagnóstico en toda España.

Desde el sindicato Acaip debemos recordar la falta de medios humanos y materiales que padece la Sanidad Penitenciaria. En la prisión provincial, como dato no menor, de seis auxiliares de Enfermería solo están ocupadas tres plazas. Este personal es pieza clave en la correcta distribución y control de la pauta de medicación suministrada. Desde el año 2003 se suceden los compromisos de integrar la Sanidad Penitenciaria en los servicios autonómicos de Salud, desde textos legislativos hasta Proposiciones No de Ley instando a esta integración, única manera posible de evitar el abandono constante de los facultativos penitenciarios hacia otros destinos.

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real

Instituciones Penitenciarias confirma los cambios en la seguridad exterior en la prisión de Herrera de La Mancha tras asegurar que «está garantizada», según informan a La Tribuna. Desde Instituciones Penitenciarias indican que se va a llevar a cabo en otras prisiones españolas, concretamente de Madrid, Extremadura y la comunidad castellano-manchega. Del mismo modo, confirman que se van a destinar a policías a estas cárceles, entre ellas Herrera de La Mancha, ante la marcha de los vigilantes de la seguridad privada al entrar sus empresas en concurso de acreedores.
En cuanto al número de agentes que se van a encargar de la seguridad exterior de la prisión manchega, manifestaron desconocerlo. En cualquier caso, seguramente irá en consonancia con la cifra de vigilantes de seguridad privada que se han ocupado desde hace unos años del control exterior de la prisión de Herrera. En este sentido, otras fuentes señalan a este diario que estará en torno a la docena.


Mayor es el número de agentes de la Guardia Civil que llevan el peso de la seguridad del perímetro exterior del penal manchego. Según las fuentes, supera la veintena. Hasta ahora los guardias civiles se ocupaban junto al personal de seguridad privada del control exterior. A partir de enero tendrán nuevos compañeros.


No obstante, otras fuentes indican que es una medida provisional, ya que el Ministerio del Interior va a sacar un nuevo concurso para provisión de estas plazas.
Acaip, sindicato mayoritario de prisión, lleva tiempo denunciando que se duplican e incluso triplican servicios en la zona externa de las prisiones. Por ejemplo, en la cárcel de Herrera hay guardias civiles y hasta ahora vigilantes de seguridad para controlar el perímetro externo. Además, según indicaron a este periódico, han destinado a un funcionario de Instituciones Penitenciarias para encargarse de la apertura de la barrera de acceso al penal cuando hay un déficit histórico de personal en Herrera de La Mancha, sobre todo en la plantilla encargada de vigilar a los presos, es decir, de la seguridad en el interior de la cárcel.
Los funcionarios han advertido en reiteradas ocasiones de que la falta de personal incrementa el riesgo, la peligrosidad en la prisión. De hecho, en Herrera se ha tenido que reforzar un módulo.

Un funcionario del Centro Penitenciario de Cuenca ha sido agredido por un interno cuando le estaba cacheando. El trabajador ha sufrido una contusión en el globo ocular y ha tenido que ser llevado al servicio de urgencias, según la información facilitada por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) y la asociación Tu Abandono Me Puede Matar.

Desde los sindicatos de Instituciones Penitenciarias avisan que la falta de personal, la no consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones y las políticas de la Secretaría General "son un caldo de cultivo propicio para que estos hechos se repitan continuamente".

Desde los sindicatos quieren "mostrar nuestra total solidaridad con el compañero agredido y esperar que las lesiones curen sin secuelas".

GRACIAS A LA ACTUACIÓN DE ACAIP SE RECONOCE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL ENVENENAMIENTO SUFRIDO POR 7 COMPAÑEROS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE HUELVA EN NOVIEMBRE DE 2018

GRACIAS A LA ACTUACIÓN DE ACAIP SE RECONOCE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL ENVENENAMIENTO SUFRIDO POR 7 COMPAÑEROS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE HUELVA EN NOVIEMBRE DE 2018

FALLO:


QUE DEBO ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. SANTOS _______________________________, contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de 21 de enero de 2019, 0927323872789729343271
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid - Procedimiento Abreviado - 121/2019 13 / 13 que desestimó el recurso de reposición, interpuesto el día 26 de diciembre de 2018, contra la Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de 16 de noviembre de 2018, que califica como enfermedad común y no como accidente laboral las lesiones oftalmológicas sufridas por el ahora demandante el día 22 de septiembre de 2017, cuando realizaba las funciones de su puesto de trabajo en el Centro Penitenciario Madrid-II (Alcalá de Henares), frente al equipo informático, empieza a notar molestias en el ojo (escozor y como una cortina húmeda cubriendo el ojo). Acude al Servicio de Urgencias del Hospital dimiento de retina en el ojo , de la que fue intervenido quirúrgicamente el día 26 de septiembre de 2017, al no haberse acreditado posibles lesiones y la actividad de servicio a la Administración rea , anulándola por no ser conforme a derecho, considerando que las lesiones oftalmológicas sufridas por el demandante el día 22 de septiembre de 2017, puede considerarse como un accidente de carácter profesional, con los derechos
derivados de esa situación, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por esa declaración. Sin costas.


Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de apelación en dos efectos que deberá interponerse por escrito ante este mismo Juzgado dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación y del que conocerá, en su caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


Así por esta mi sentencia, de la que se llevará por testimonio a los autos de su razón definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y firmo.


EL MAGISTRADO

Fuente: El Pais

Las prisiones se encuentran en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremdura

El Ministerio del Interior reforzará con 240 guardias civiles y policías nacionales la seguridad de las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se quedarán sin vigilantes privados para su control exterior a partir del 1 de enero. La quiebra de la empresa que prestaba el servicio, Ombuds, y la negativa de otras compañías a presentarse al concurso convocado para sustituirla ha obligado a Interior a tomar una medida excepcional que esperan sea provisional.

Las primeras alertas sobre los problemas de seguridad que se avecinaban en las 15 cárceles de estas tres comunidades autónomas saltaron en el departamento de Fernando Grande-Marlaska el pasado verano, cuando aparecieron en prensa informaciones sobre la delicada situación financiera de Ombuds, una compañía que llevaba siendo adjudicataria de contratos de Interior desde 2001, primero por servicios de escoltas de concejales amenazados en el País Vasco y Navarra y, desde 2013, por la privatización de parte de la seguridad de las prisiones puesta en marcha aquel año por el PP. La posterior confirmación de que la empresa se declaraba en concurso de acreedores, llevó a Interior a preparar un primer plan de contingencia para hacer frente a los problemas que ya se produjeron a finales de agosto, cuando algunos días se registró la ausencia de un 30% de los trabajadores de Ombuds al no cobrar sus sueldos.

 

La situación se normalizó después de que el administrador concursal de la empresa se comprometiera con los vigilantes a hacer frente a sus salarios. Desde entonces y hasta ahora, los 200 vigilantes privados de Ombuds que cubren los diferentes turnos de los 51 puestos de seguridad asignados en estas cárceles han acudido sin incidencia.

 
 El problema ha resurgido tras convocar Interior un concurso para cubrir la seguridad privada de las 68 cárceles dependientes de la Administración Seguridad del Estado, incluidas las de estas 15 prisiones. Con él se pretendía cubrir los 937 puestos de vigilantes de seguridad que en la actualidad apoyan la labor que hacen 3.643 guardias civiles —1.500 de ellos dedicados a realizar traslados de presos entre cárceles o a los juzgados y hospitales, las llamadas conducciones— y 215 policías nacionales, además de 23.000 funcionarios de prisiones que se encargan de la seguridad interior de los centros penitenciarios.

El concurso, que obligará al Estado a desembolsar 37 millones de euros el próximo año —prorrogable otro más con un gasto total previsto de 64 millones— dividió las prisiones en cinco lotes y se invitó a 11 empresas para que presentaran sus propuestas. Cuatro de los lotes fueron adjudicados el pasado noviembre, según el expediente del concurso a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo, el correspondiente a las 15 cárceles de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, valorado en 8,3 millones de euros, quedó desierto al no presentarse ninguna oferta, según recoge esta documentación. Fuentes de Interior aseguran que un grupo de empresas intentó presentarla en el último momento, pero, al no cumplir los requisitos legales para actuar como UTE (Unidad Temporal de Empresas), quedó descartada.

El ministerio ha iniciado ya un nuevo expediente para sacar a concurso la seguridad privada de estas 15 cárceles, que espera adjudicar a finales de enero, aunque admiten que “será difícil”. Según estas fuentes, la empresa que se adjudique el lote debe asumir tanto a los 200 trabajadores de Ombuds que desempeñarán hasta final de año las labores de vigilancia como la deuda “millonaria” que esta compañía tiene con la Seguridad Social por los seguros sociales de los mismos. “Esto convierte el contrato en poco atractivo. Si queda desierto, se mantendrá el despliegue de policías y guardias civiles”, añaden.

José Ramón López, presidente de Acaip-UGT, sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, destaca la preocupación del colectivo por la situación: “Hemos denunciando de manera reiterada la vulnerabilidad que supone que un servicio público esencial se externalizase”, asegura antes de recalcar que el PSOE “se comprometió a revertir esta situación devolviendo la vigilancia exterior de las prisiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Interior asegura que esta era su aspiración, pero que la escasez de policías y guardias civiles ha obligado a mantener por ahora a los cerca de 1.000 vigilantes privados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Canarias 7

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de II.PP (ACAIP) ha denunciado este martes la agresión de un interno de la cárcel del Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, a un funcionario.

El sindicato expone que en la tarde del lunes, 16 de diciembre, un preso joven del módulo cuatro al bajar de su celda, tras el descanso del mediodía, presuntamente increpó de "forma grave y a voces" a una funcionaria "sin ningún motivo".

Este preso, indican en un comunicado, probablemente padezca una enfermedad mental, y acto seguido cuando un compañero de vigilancia le invita a que cese su actitud y se dirija al patio, retrocede y "sorpresivamente" le da un puñetazo en la mandíbula a dicho funcionario.

Seguidamente se personaron más funcionarios en el módulo del interno, que fue conducido al de aislamiento, donde se produce una vuelta a la calma. Añade que en el transcurso de la reducción del interno se lesionaron levemente dos funcionarios más.

El sindicato asegura que esto es "el día a día de todos" los trabajadores penitenciarios, ya que afirman que actualmente "hay una parte importante" de la población penitenciaria que padece una patología de carácter dual, ya que por una parte presentan una adicción al consumo de sustancias estupefacientes y al mismo tiempo padecen enfermedades mentales.

Esta combinación, "muy explosiva", se produce en el entorno penitenciario, siendo causa directa de incidentes "muy graves" dentro de los centros de reclusión de toda España.

Al respecto, también critican la "incomunicación" que se produce entre la sanidad penitenciaria y el Servicio Canario de Salud (SCS), ya que al "no" tener conectadas las bases de los expedientes clínicos, "muchas de las personas privadas de libertad que llegan a un prisión pueden ingresar sin haber sido detectada su enfermedad mental de forma inicial a la entrada en el centro".

Añaden que esta situación "es similar a la falta de diagnóstico "con las personas que presentan discapacidades de tipo intelectual y son recluidas en un establecimiento penitenciario. Actualmente, según datos de la Secretaría General de II.PP, hay 5.097 presos con discapacidades reconocidas, de los que 1.324 ingresaron en los centros sin este diagnóstico en toda España.

Finalmente, recuerdan la "falta" de medios humanos y materiales que padece la sanidad penitenciaria. En el caso de la prisión provincial de Las Palmas apunta que de seis auxiliares de Enfermería solo están ocupadas tres plazas, considerando a este personal como "pieza clave en la correcta" distribución y control de la pauta de medicación suministrada.

Desde el año 2003 se suceden los compromisos de integrar la Sanidad Penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, desde textos legislativos hasta Proposiciones No de Ley instando a esta integración, "única manera posible de evitar el abandono constante de los facultativos penitenciarios hacia otros destinos".

Fuente: El Faro de Ceuta

Pese al concurso de traslados y el refuerzo de funcionarios en prácticas, los sindicatos siguen reclamando una RPT a medida.

La prisión de Ceuta cerrará de nuevo el año con una plantilla bajo mínimos y con una calificación inferior a la que le correspondería. Tras dos años en las nuevas instalaciones, el número de trabajadores no ha variado, y si lo ha hecho ha sido para verse reducido, pese a las necesidades del nuevo dentro, que cuenta con una mayor superficie.

Como ejemplo, cabe recordar que al final del verano, con la marcha de los anteriores funcionarios en prácticas y la llegada de la nueva remesa, la plantilla sufrió una merma de 11 personas.

 En estos momentos, debido a la situación política, desde las centrales sindicales de la prisión explican que se encuentran en “periodo de impasse”, esperando un nuevo gobierno que afronte todos los problemas que en estos momentos “ahogan” a la cárcel.
 
 Inciden en que la nueva clasificación del Centro, prometida desde que el mismo Gobierno reconoció que no se ajustaba a sus funciones, sigue pendiente de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) desde el mes de junio, y en los demás temas pendientes, la negociación aseguran que es escasa por el poco margen de maniobra que hoy tiene la Administración. “Seguimos en las mismas condiciones o directamente estas empeoran con el paso del tiempo”, lamentan los representantes de los trabajadores.

Con las próximas fechas navideñas, un periodo en el que los empleados suelen tomarse algunos días de asueto para estar con sus familias, la escasez de personal pone en serios aprietos el poder configurar los turnos. Advierten que se están “ajustando al máximo”, situación muy parecida a la que vivieron el verano pasado donde lamentaron que compañero solos tuvieran que asumir turnos sin apoyo más personal.

Esta situación, reiteran los sindicatos, no se viviría si existiera una Relación de Puestos de Trabajo acorde al nuevo centro penitenciario, ya que después de dos años de ocupar estas instalaciones, continúan con el mismo personal que había en la cárcel de Los Rosales.

Una situación que pocos unos meses volvía a denunciar ACAIP-UGT, cuando afirmaba que la plantilla no sólo era escasa, sino que era de las más envejecidas de España, fruto de la “nefasta política” de recursos humanos que dice llevar a cabo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, derivado de años de recortes sin anuncios de Ofertas de Empleo Público o con convocatorias que no llegan siquiera a cubrir las bajas vegetativas producidas en la Administración penitenciaria. Incidiendo en que Ceuta incurría en una peor situación, al no tener una RPT actualizada que revelara el personal faltante y de qué manera se podría cubrir éste. Insisten que la única salida sería la aprobación de la RPT, que está también en la CECIR junto a la reclasificación del centro.

Aunque ven con pocas esperanzas que la situación mejore en un corto periodo de tiempo, han sabido que en estos días el Defensor del Pueblo ha dirigido una batería de preguntas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para, entre otras cosas, interpelar sobre la ubicación de internos de nuevo ingreso e internos sancionados en el mismo módulo y compartiendo el mismo y único patio, una situación que ACAIP-UGT lleva denunciando desde el traslado .

Sin embargo, por el momento la respuesta de la Secretaría General ha sido remitirla directamente a la Dirección en Fuerte Mendizábal para que se le responda, cuando desde este sindicato saben que la contestación, evidentemente, no puede ser otra que la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo que cubra todas las necesidades y permita poner en funcionamiento todos los servicios.

En definitiva, para este sindicato, no es la vía para resolverse, sino que se aceleren los procesos tanto para la recalificación definitiva del centro que derive en una mejora laboral de los empleados de este centro y la aprobación de la nueva RPT que dote de personal a todos los módulos de la prisión que ahora permanecen cerrados por no contar con suficientes funcionarios.