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Pablo

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Fuente: El cierre Digital

El sindicato mayoritario de prisiones considera que existe la necesidad de que los funcionarios de las cárceles conformen un cuerpo civil no policial

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias a través del sindicato  mayoritario en el sector Acaip, afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), ha solicitado al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que en la próxima organización de los departamentos ministeriales con la consiguiente promulgación de los Reales Decretos de Reestructuración y de Estructura Orgánica Básica, la adscripción de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.
En su guerra abierta con el renovado ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska,  el sindicato de presiones Acaip-UGT pide al presidente de Gobierno Pedro Sánchez que considere la necesidad de ubicar el organismo de Instituciones Penitenciarias así como el cumplimiento de las condenas dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y no de Interior como hasta ahora sucede. "Lo que entendemos sería una oportunidad de modernizar Institución", afirman a elcierredigital.com.

Según Acaip, "la ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en España. Así, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante más de cien años".

Señalan que "en la dictadura franquista, se mantuvo esta ubicación y en el ¨Reglamento de los Servicios de prisiones de 1948, se establecía en su artículo 1 que “las Instituciones Penitenciarias que en este Reglamento se regulan, constituyen Centros destinados no sólo a la retención y custodia de los detenidos, presos y penados, sino también, y primordialmente, a realizar sobre ellos una labor transformadora y redentora con arreglo a los principios y orientaciones de la ciencia penitenciaria”, para completarlo con su artículo tercero que indicaba que para la aplicación de este tratamiento recuperador las Prisiones dependientes del Ministerio de Justicia, a cargo del personal del Cuerpo Especial de Prisiones y bajo la Dirección General de dicho Cuerpo Especial, se dividirán en tres clases: Centrales, Provinciales y de Partido”.

 Mandato de Felipe González

Durante el Gobierno del líder socialista  Felipe González Márquez, se decidió crear un Ministerio de Justicia e Interior. El artículo 1 del Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura básica del Ministerio de Justicia e Interior, situó al mismo nivel a la entonces denominada Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, junto a la Secretaría de Estado de Justicia y a la Secretaría de Estado de Interior, dependiendo todas ellas del Ministro.

Fue en el primer Gobierno de José María Aznar en el que se rompió con la tradición española al atribuir al Ministerio del Interior de Jaime Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria. El RD 758/1996, de 5 de mayo, volvió a separar los Ministerios de Justicia y de Interior. Sin embargo, la estructura no reprodujo la situación anterior a la fusión. Así, el RD 765/1996, de 7 de mayo, determinó la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio del Interior y asignándole la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiendo directamente del Ministro.

En el año 2004, la DGIP pasó a depender de la Subsecretaria del Ministerio del Interior y es mediante el RD 991/2006 de 8 de septiembre por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, por el que la DGIP pasa a depender directamente de la Secretaria de Estado de Seguridad. Sin embargo, el sindicato Acaipr cree que "las prisiones deben estar bajo la responsabilidad de Autoridades Públicas y estar separadas de los Servicios del Ejército, de la Policía, y de la investigación criminal".

Cuerpo civil y no policial

También desde el sindicato mayoritario de prisiones consideran que existe la necesidad de que los funcionarios de prisiones conformen un cuerpo civil no policial, en los siguientes términos:

"Un servicio civil. No policial. En lo que respecta a la separación de funciones, es importante que exista una clara separación organizativa entre la policía y el servicio penitenciario. Normalmente, la policía es responsable de investigar los delitos y de arrestar a los delincuentes. Una vez que una persona ha sido detenida o arrestada, deberá ser presentada a la mayor brevedad posible ante la autoridad judicial y, si ésta así lo decide, quedar en prisión preventiva bajo la custodia del servicio penitenciario. En muchos países, la administración de la policía está bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, y la administración penitenciaria es responsabilidad del Ministerio de Justicia. Éste es uno de los métodos para garantizar la separación de poderes y de subrayar la estrecha vinculación que debe existir entre la autoridad judicial y el sistema penitenciario (...).

Según Acaip, "España es una rara avis dentro del derecho comparado europeo, al ser el único país que incumple los preceptos transcritos. Del estudio comparativo realizado, los principales países europeos, representantes de tradiciones jurídicas diferentes y en situaciones históricas y políticas particulares y distintas, respetan la norma anterior. En concreto y entre otros: Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Italia y Portugal. Lo más raro, lo más incomprensible consiste en que dentro del mismo Estado, con el mismo sistema judicial y la misma tradición jurídica, dispongamos de dos ubicaciones diferentes del Sistema Penitenciario: en Cataluña, que tiene asumidas las competencias, se incluyen en el Departamento de Justicia, y en el resto del Estado en el Ministerio del Interior2.

Señalan que "en todos los países del Consejo de Europa, las Prisiones están incardinadas dentro del Ministerio de Justicia, encontrando como excepciones únicamente a España y Hungría. Y, además, permite unificar internamente una diferenciación que no tiene ninguna justificación2.

"Por lo tanto, consideramos que el momento actual permite dar un nuevo impulso al mandato constitucional de reeducación y reinserción, habiendo cambiado sustancialmente las condiciones que en 1996 llevaron al Gobierno a ubicar Instituciones Penitenciarias en el Ministerio del Interior. Consideramos que nuestro servicio fundamental a la Sociedad sin duda se verá reforzado ubicando directamente la ejecución penal dentro del mismo Ministerio del que depende la imposición de las penas privativas de libertad y las medidas alternativas. Se trata de nuestro sitio natural y en el que mejor podemos realizar nuestra labor, apartados de otro tipo de focos que distorsionan nuestra naturaleza y cometidos", concluyen.

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DÍA: 28 de enero 2020
HORA: 21.30 h.

 

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Fuente: El Mundo

Las agresiones a funcionarios continúan siendo el día a día en las prisiones de la Comunidad Valenciana. Esta vez ha sido el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante el escenario de unos hechos que los sindicatos llevan denunciando ampliamente desde hace años pero que el Gobierno no corrige.

La virulencia de las agresiones y la falta de soluciones por parte de la Administración, han llevado a los sindicatos ACAIP-UGT, agrupaciones mayoritaria en el área de prisiones, a denuncia públicamente la situación de inseguridad que viven los trabajadores de la cárcel. El Psiquiátrico penitenciario ha contabilizado dos episodios violentos en menos de una semana.

 
El primero se produjo el sábado día 4 de enero, cuando una auxiliar de clínica fue agredida por un interno que le propinó un puñetazo en la cara durante el reparto de medicación. Los funcionarios de vigilancia intervinieron rápidamente para evitar mayores incidentes. Y gracias a ellos el asunto no tuvo consecuencias más graves.

El segundo se produjo el pasado viernes cuando otro preso que, hasta ese día había desempeñado un puesto de destino en el centro portando los carros de la comida, se dirigió al jefe de servicios para pedirle explicaciones de por qué le habían relegado de ese puesto. Al indicarle el jefe de servicios que debía cursar la petición por el cauce reglamentario, el interno, le dio un puñetazo en la boca. Nuevamente, funcionarios de vigilancia y el propio jefe agredido inmovilizaron al interno evitando una agresión más grave.

A los internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, por su condición específica de cumplimiento de medidas de seguridad, no se les aplica el régimen disciplinario general, por lo que este tipo de acciones quedan prácticamente impunes. "No hay que olvidar que los trabajadores penitenciarios no tienen la consideración de autoridad por lo que la agresión sufrida no será valorada por un juez por si no hubiera sido cometida baja alguna eximente y fuera constitutiva de delito", recodaron desde Acaip-UGT.

Los representantes sindicales lanzan un mensaje alertando sobre una situación que ya se sostiene demasiado en el tiempo y que nadie aborda con la celeridad que, denuncian, ha de hacerse: "Queremos destacar el grave problema que existe en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante en el que tan solo hay cubiertas tres plazas de psiquiatra de las siete que figuran en la relación de puestos de trabajo, esto provoca que los internos con graves trastornos psiquiátricos no puedan recibir una correcta atención médica y un estudio más singularizado que evite su empeoramiento".

"Esto unido al déficit de plantilla, el envejecimiento de la misma y la falta de formación por parte de la administración a los trabajadores en el tratamiento de este tipo de internos, entre otros factores, puede estar detrás de este tipo de agresiones. Además, entre las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios que la administración lleva sin atender desde hace más de dos años, figura la reclasificación de centros penitenciarios, ya que vemos injustificable que un centro como el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, en el que, por las características del mismo, se atiende a

internos con graves problemas, los trabajadores cobren hasta 500 euros menos que en otros centros incluso de la misma provincia".

 

 

En la tarde de ayer jueves 9 de enero, un trabajador penitenciario sufrió rasguños y hematomas en el forcejeo con un interno al cual intentaban reducir el y otros compañeros. Todo sucede en el departamento de aislamiento cuando el interno en un estado de máxima agitación y violencia destroza por completo la celda en la cual estaba aislado.

El interno es capaz de arrancar un trozo de metal de la ventana de mas de un metro de largo, el cual utiliza para destrozar la celda y después amenazar a los funcionarios del departamento. Ante la gravedad de la situación y para preservar la integridad física del interno, los funcionarios proceden a reducir al interno provistos de los medios necesarios en este tipo de situaciones y en el forcejeo con el interno que se resistía a ser reducido es cuando se produce las lesiones al uncionario, las cuales no revisten especialgravedad. Añadir que este interno había protagonizado varios incidentes ese día y el día anterior.

Fuente: El Cierre Digital

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años.

El escándalo salpica al ministerio de Defensa y de Interior. Ambos organismos ultiman un plan para ceder la vigilancia de las prisiones en manos de soldados jubilados, exmilitares que a los 45 años tienen que cesar obligatoriamente su actividad. SIn embargo, ocultan que la vigilancia de las instalaciones militares, cuarteles, bases aéreas y navales las ceden ya a empresas privadas. Hasta 228 millones de euros han gastado en esta actividad en los últimos cinco años. Estas plazas ofertadas se sumarían a las que de forma ordinaria se ofertan para ampliar la nómina de empleados de las prisiones españolas.

El pasado mes de junio de 2019 ya hubo una convocatoria que permitieron crear más de ochocientos puestos de funcionarios de prisiones. Sin embargo, hace dos años la Asociación Militar Profesional #45sindespidos ya se ofreció al Ministerio del Interior, en concreto a la secretaria de Estado de Seguridad, para cubrir los puestos que fueran necesarios en Prisiones, obteniendo la callada por respuesta. Desde la misma Plataforma asegura ahora a elcierredigital.com que es  “hipócrita que Interior y Defensa lleguen a un acuerdo para esto cuando a los propios militares no se les permite encargarse de la seguridad de los propios cuarteles eligiendo para esto a empresas privadas con los que el Estado llega a sustanciosos acuerdos económicos". Efectivamente, 228.162.734,66 euros es la cantidad que se repartieron varias empresas mediante licitaciones públicas para encargarse de estos cometidos en los últimos cinco años.

Es decir, que el Ministerio de Defensa dispone de algo más de 228 millones de euros para la vigilancia del acceso a sus cuarteles que encarga a empresas privadas y ahora quiere que los militares se dediquen a vigilar prisiones, cuando no se fían de ellos para vigilar sus propios cuarteles. Por ejemplo el pasado año  la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Servicios Tecnológicos Ibercra S.L. y Garda Servicios de Seguridad, S. A. firmó un acuerdo por 461.925,6 euros para vigilar varios cuarteles. Integra Mantenimientos y Gestión de Servicios Integrados S. L. es una de las más licitaciones ha obtenido en los últimos tiempos llegando a cobrar 32.200,14 euros por servicios auxiliares en varias dependencias de la JESAT. Formando en UTE con las ya citadas Iberca y Garda ha llegado a obtener un contrato por 1.574.263,05 euros. La empresa Comanser, otro ejemplo, vigiló la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid por 22.000 euros durante la mitad de 2018.

 

Los encargados de vigilar el Ministerio de Defensa, por ejemplo, son Grupo Control Empresa de Seguridad, que tiene varios contratos adjudicados por toda la geografía española, entre ellos uno de 34 millones de euros por prestar servicio en varias instalaciones de Defensa. Estas empresas son solo un ejemplo de las decenas que optan anualmente a contratos del Estado para vigilar instalaciones militares. A pesar de todo la Asociación #45sindespidos cree que "siempre que haya una medida para dar trabajo a los jubilados del ejército nos parece positivo, pero habría que conocer exactamente las condiciones de acceso a esos puestos porque si hacen lo mismo que con la policía local estamos en igual condiciones que cualquier ciudadano de a pie". Por eso no se entiende que Defensa gaste dinero en contratar la seguridad de manera privada y luego quiera traspasar soldados a Instituciones Penitenciarias

Sindicatos de prisiones en contra

Con esta medida anunciada no están de acuerdo ni el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ni ACAIP. El primero recuerda que “las reglas penitenciarias europeas establecen la obligación de que las prisiones estén bajo la responsabilidad de las autoridades públicas, separadas de los servicios militares, de la policía y de la instrucción penal. En el mismo sentido se pronuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en lo que se refiere a las reglas para el tratamiento de los reclusos, que establecen que la administración del personal estará en manos civiles. No debe ser parte de una estructura militar”.

Acaip-UGT tampoco parecen estar a favor de que Interior palíe la necesidad de personal de esta forma y aseguran que "la crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras". La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones y afirman que "esta información es completamente novedosa y la Administración nunca había informado de esta posibilidad", aunque reconocen que "es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años".

A la atención del Sr. Presidente del Gobierno de España Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón

 

Asunto: Solicitud de adscripción de Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.

 

Don José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (acaip), sindicato mayoritario en el Sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), ante usted comparece y, teniendo en cuenta la próxima organización de los departamentos ministeriales que tendrá que realizar al configurar el nuevo Gobierno, y la consiguiente promulgación de los Reales Decretos de Reestructuración y de Estructura Orgánica Básica de los diferentes departamentos ministeriales, que sustituyan a los actuales, en los que Usted, dentro de sus competencias creará, modificará o suprimirá los departamentos que considere, desde esta organización le queremos trasladarla siguiente petición para su consideración ante esta nueva etapa consistente en la adscripción de las Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia.

Los funcionarios de prisiones han mostrado su indignación por la propuesta y exigen reunirse con la Administración
Piden que se cubran las plazas vacantes, la creación de una escuela de estudios penitenciarios y ser reconocidos agentes de la autoridad
Soldados de Tropa y de Marina podrían trabajar en las prisiones españolas. Es una propuesta de la Administración penitenciaria que ahora estudian el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos y las asociaciones de funcionarios de prisiones conocieron la noticia el martes, después de que la Mesa Delegada recibiera un correo firmado por Eugenio Arribas López, el Subdirector General de Recursos Humanos. Aunque la iniciativa se recoge en el artículo 19.10 de Ley 6/2018, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.


Literalmente lo "considera muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que puedan llegar a prestar servicio e iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializarlo". Explica que "para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos convenios y a las mismas categorías profesionales."


Según este escrito "el desarrollo de estos procesos deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas plazas irán destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales dificultades de cobertura". 

En los próximos tres años está previsto que salgan de las Fuerzas Armadas unos 21.000 militares. Van a cumplir 45 años, el límite de edad permitido. Instituciones Penitenciarias asegura que el proyecto está en estudio. Estos militares obtendrían plazas de personal fijo. Deberán encontrarse en los últimos diez años de su carrera o ser reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo una asignación por disponibilidad. 
Indignación entre los funcionarios de prisiones


La crispación en la plantilla penitenciaria ha sido más que evidente y así se ha hecho notar en los Centros Penitenciarios y a través de las redes sociales. Los funcionarios de prisiones solicitan una reunión urgente con la Administración para formularles sus dudas: cómo serán las condiciones de estas contrataciones, a qué plazas accederían o si computarían para la tasa de reposición de efectivos, entre otras. 


LA Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) es el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones. Afirman que esta información es completamente novedosa y que la Administración nunca había informado de esta posibilidad. Reconocen que es cierto que existe una reserva de plazas en el Ministerio de Defensa para este tipo de personal cuando cumplen los 45 años pero dicen no saber más. Según su presidente,  José Ramón López:  "estamos a la espera que la Administración nos convoque. Vamos a pedir explicaciones a este episodio de improvisación desde la Subdirección General de Personal. Hacerlo peor, es imposible. Vamos a responder con contundencia ante esta nefasta gestión de Recursos Humanos en un medio tan importante como el de Instituciones Penitenciarias."

AL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

 

 

ASUNTO: SOLICITUD CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE MESA DELEGADA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

 

Con motivo de la información trasladada a las organizaciones sindicales, vía correo electrónico, por la Subdirección General de Recursos Humanos, de que se van a iniciar actuaciones junto con el Ministerio de Defensa, para facilitar el acceso a militares profesionales de tropa y marinería y a reservistas de especial disponibilidad al servicio público penitenciario. Y por la repercusión que tiene en las condiciones laborales del personal penitenciario, siendo materia objeto de negociación, las organizaciones sindicales representativas cumpliendo los requisitos que se especifican en el Reglamento de Funcionamiento interno de la Mesa delegada, SOLICITAMOS la convocatoria extraordinaria de la mesa delegada en los próximos días.

 

En Madrid, a 8 de enero de 2020.