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Pablo

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A la atención: SR. SECRETARIO GENERAL DE II.PP.
CALLE ALCALÁ 38-40; 28071 MADRID


Asunto: Queja por situación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en II.PP.


José Ramón López, en calidad de Presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ( ), Sindicato mayoritario en el sector y afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), con domicilio a efectos de notificaciones en Apartado de Correos 9007 28080 (Madrid), correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por medio del presente viene a interponer QUEJA ante la situación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en Instituciones Penitenciarias, en base a los siguientes HECHOS:


En el ámbito de Instituciones Penitenciarias asistimos a un incumplimiento sistemático por parte de la Administración Penitenciaria de la mayoría de las obligaciones, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le asigna en su artículo 14.1, en calidad de empleador en relación con la salud y seguridad de sus trabajadores. Así:

Fuente: El Faro de Ceuta

ACAIP-UGT denuncia la “alarmante” media de edad que se da entre los trabajadores.

Una platilla envejecida y escasa. Esta es la situación que denuncia el sindicato del sector prisiones ACAIP-UGT, quien alerta del “alarmante envejecimiento” de la plantilla del Centro Penitenciario de Ceuta, fruto de la “nefasta política” de recursos humanos que dice llevar a cabo la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, derivado de años de recortes sin anuncios de Ofertas de Empleo Público o con convocatorias que no llegan siquiera a cubrir las bajas vegetativas producidas en la Administración penitenciaria.

 En lo que respecta al Centro Penitenciario de Ceuta, el representante de este sindicato, Mohamed Haidor, recuerda que transcurridos dos años de su inauguración, la demanda de una Relación de Puestos de Trabajo acorde a las necesidades reales del nuevo Centro sigue siendo una “asignatura pendiente” que ninguno de los gobiernos que se han sucedido “han querido o podido” acometer.

De esta forma, pese a los distintos movimientos y traslados realizados durante los meses de septiembre y octubre de este año, advierten que la situación sobre el número de personal se ha agravado con el balance de la pérdida de 11 funcionarios en prácticas en relación con los que se encontraban en esta mismo centro hace unos meses.

 

Asimismo, en lo que respecta al envejecimiento de la plantilla, Haidor reconoce que si bien afecta a la práctica totalidad de Centros de España, esta situación es aún más acuciante en Ceuta, donde el 80% de los más de 100 funcionarios dedicados a vigilancia interior superan los 50 años, y el 60% de estos estaría en disposición de solicitar la segunda actividad, lo que supone el abandono de las tareas de vigilancia manteniendo los mismos derechos retributivos. Esto ocasionaría, si se produjera este supuesto, un auténtico “caos organizativo”.

 Este sindicato sólo ve como solución inmediata una política de reposición expansiva y real de efectivos puede paliar esta situación “verdaderamente alarmante”.

 En cuanto a la demanda de recalificación del centro penitenciario, existe una propuesta enviada por la Secretaría General a la Comisión Interministerial de Retribuciones desde el pasado mes de junio y pese a que al sindicato le consta que se ha reunido varías veces, en ninguno de estas encuentros han tratado el tema, lo que lleva a pensar a ACAIP-UGT que “no existe una verdadera voluntad de aprobar dicha medida, pese a ser calificada como justa por parte de la misma Administración”.

Normas sobre expedición y consumo de bebidas alcohólicas.

Ordenación del contenido funcional de los puestos de trabajo asignados en aplicación del Real Decreto 89/2001, de 2 de febrero, por el que se regula la asignación de puestos de trabajo a determinados funcionarios del Cuerpo Especial y del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por razones de edad

 

 

En la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre aplicación de Fondos Adicionales integrada por la Administración y los sindicatos UGT, CCOO y USO, se calendarizó parte de las medidas pendientes de ejecución.
En las que se refieren a Instituciones Penitenciarias, en concreto la que supone la Ordenación y equiparación C. Destino y C. Específico para Subgrupos C2 y C1 y A2 y A1, tienen prevista su aprobación por la CECIR en octubre y noviembre del 2019 respectivamente.

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Fuente: ABC

José Carlos Apeztegia, condenado por un delito de integración en ETA con la agravante de reincidencia

El etarra José Carlos Apeztegia ha aceptado este jueves cuatro años de prisión por proponer en 2002 a la dirección de ETA atentar con un coche bomba en la sede en Madrid del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP y por aportar datos del director de la cárcel de Málaga en la que estaba preso.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, el acusado ha reconocido los delitos, que perpetró mientras estaba en prisión, y ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que ésta ha rebajado su petición de pena, que en principio era de 11 años.

De esta manera, se le ha condenado por un delito de integración en ETA con la agravante de reincidencia debido a sus antecedentes penales.

 El fiscal ha explicado durante la vista que la reducción de la pena obedece a «la intención del acusado de cooperar con la justicia» al reconocer los hechos, por lo que hay «un menor reproche», y ha añadido que también se ha tenido en cuenta la lejanía de la fecha de los hechos.

Volvió a ingresar en prisión preventiva hace un año al aparecer una carta que remitió cuando estaba en la cárcel a la cúpula etarra planteando atentar contra objetivos relacionados con Instituciones Penitenciarias.

Coche bomba

La carta, que fue intervenida el 9 mayo de 2003 en la detención en Saintes (Francia) de la exdirigente de la banda Ainhoa García Montero junto a Aitor García Justo, Asier Aranguren y Thierry Idart, fue recuperada entre la documentación entregada por Francia a las autoridades españolas en febrero pasado.

El Ministerio Público relata en sus conclusiones que cuando el etarra cumplía condena en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) consiguió reanudar sus contactos con la cúpula de ETA en Francia.

Así, en una de las misivas incautadas, el etarra arremetía contra los funcionarios de prisiones, a los que acusaba de golpear a «presos políticos», y proponía poner un coche bomba en la sede en Madrid del sindicato de carceleros ACAIP, a quien culpabilizaba de las agresiones, para darles «un claro mensaje».

En esa misma carta, aportaba datos relativos al director de la prisión de Málaga, que, según los investigadores, se trata de Tomás San Martín, que estuvo destinado en Alhaurín hasta junio de 2002.

La Fiscalía destaca además que al acusado, dos años después de enviar esa carta, se le intervino en su celda una carpeta con una copia de una hoja del libro de servicios de la cárcel de Alhaurín «en la que constan los nombres de 21 funcionarios de prisiones junto con sus números de identificación profesional, las características genéricas de los servicios prestados y su firma».

En otro documento incautado fue hallado un escrito en el que Apeztegia informaba de cacheos a familiares de presos y se mostraba disconforme con rechazar los «vis a vis» durante dos meses porque su familia era «su principal apoyo».

 

Resolución 16 de octubre de 2019, por la que se amplia el periodo de disfrute de vacaciones, asuntos propios y compensación de festivos del año 2019, hasta 31 de marzo de 2020

Fuente: La Vanguardia

La Audiencia Nacional juzga el viernes al etarra José Carlos Apeztegia por proponer en 2002 a la dirección de ETA atentar con coche bomba en la sede en Madrid del sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP y aportar datos del director de la cárcel de Málaga en la que estaba preso, hechos por los que el fiscal pide 11 años de cárcel.

Tras quedar en libertad en 2013 después de cumplir condena por integración en organización terrorista y por el intento de asesinato del industrial vasco José Osinalde, Apeztegia volvió a ingresar en prisión preventiva hace un año al aparecer una carta que remitió a la cúpula etarra planteando atentar contra objetivos relacionados con Instituciones Penitenciarias.

La carta, que fue intervenida el 9 mayo de 2003 en la detención en Saintes (Francia) de la exdirigente de la banda, Ainhoa García Montero, junto a Aitor García Justo, Asier Aranguren y Thierry Idart, fue recuperada entre la documentación entregada por Francia a las autoridades españolas en febrero pasado.

 
 
 En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía, que le acusa de un nuevo delito de integración con la agravante de reincidencia "en consideración a los antecedentes penales que tiene el acusado", relata que el etarra, cuando cumplía condena en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), consiguió reanudar sus contactos con la cúpula de ETA en Francia.

En una de esas misivas, el etarra arremetía contra los funcionarios de prisiones a los que acusaba de dar "palizas a compañeros de varias cárceles" y proponía "enviar un mensaje claro a los carceleros".

Culpabilizaba de ello al "sindicato de carceleros fascistas ACAIP" y consideraba que sería "un claro mensaje poner un coche bomba en su sede en Madrid, al menos si siguen mostrando ese comportamiento para con los presos políticos".

"Una acción de este tipo tendría un eco considerable y sería ideal para meter el miedo en el cuerpo a los carceleros", concluía el etarra que se despedía así de sus compañeros: "sin más, ser buenos y muchos abrazos, adelante siempre".

En esa misma carta, aportaba además "algunas aclaraciones respecto de la carta enviada el mes pasado relativa al director de la prisión de Málaga" y explicaba que este podía haber recalado en Alicante, "aunque no puedo asegurarlo", precisaba, disculpándose de no haber incluido "el cambio" en la anterior misiva.

Informaba además de que desde mediados de junio el nuevo director de la prisión malagueña era "el antiguo director de la cárcel de Tenerife".

Según los investigadores, indica el fiscal, el director de la cárcel al que hacía referencia es Tomás San Martín, que estuvo destinado en Alhaurín hasta junio de 2002, y recuerda que en esas fechas ETA tenía como objetivos "a funcionarios de prisiones, militares, magistrados, fiscales, periodistas...".

A los miembros de ETA que tenían esta carta y que integraban el "núcleo duro" de la estructura de los "pianistas", se les intervino también una fotografía con el texto: "Tomás Sanmartín-director de la prisión de Alhaurín".

Los "pianistas" era el nombre en clave con el que se denominaba al aparato de ETA encargado de aglutinar a los militantes de la banda que recopilaban información, que posteriormente era trasladada a los comandos operativos.

La Fiscalía destaca además que al acusado, dos años después de enviar esa carta, se le intervino en su celda una carpeta con una copia de una hoja del libro de servicios de la cárcel de Alhaurín "en la que constan los nombres de 21 funcionarios de prisiones junto con sus números de identificación profesional, las características genéricas de los servicios prestados y su firma".

Además, en un documento incautado en el despacho profesional de uno de los principales miembros del frente de makos o KT, el abogado Jon Enparantza, condenado junto a otros 46 abogados por integración en ETA, fue hallado un escrito en el que Apeztegia informaba de cacheos a familiares de presos y se mostraba disconforme con rechazar los "vis a vis" durante dos meses porque su familia era "su principal apoyo"

Fuente: Huelva Ya

Desde ACAIP HUELVA queremos denunciar el incremento exponencial de la conflictividad en los departamentos y módulos de vida regimental ordinaria en un contexto de carencia estructural de efectivos de vigilancia, unido al perfil de extrema peligrosidad de los internos que está recibiendo el Centro Penitenciario de Huelva, La Ribera, ya como centro de destino o como centro de tránsito.

En este sentido, hemos de citar en concreto, la grave sobrecarga del módulo de ingresos por los traslados de internos entre centros, que en un gran contingente se concentran en un solo día de la semana, provocando graves problemas de seguridad tanto en este módulo como en los restantes del centro penitenciario al tener que retraer efectivos de vigilancia de otros módulos residenciales, mermándose en conjunto la efectividad y seguridad en todo el centro. Además, el centro penitenciario ha de acometer esta tarea en una situación de pertinaz escasez de funcionarios/as para acometer con fiabilidad los trámites oportunos para llevar a cabo estas conducciones. Esto sin tener en cuenta las diferentes modalidades de vida y clasificación de los internos que son alojados en este módulo añadido a la sobrecarga de trabajo que estamos describiendo hace que se comprometa seriamente la seguridad de los trabajadores.

A su vez, ha de tenerse presente que los internos que son trasladados a Huelva mantienen un perfil de evidente peligrosidad, puesto que son internos que proceden de Primeros Grados, que tiene un régimen de vida especial, y que han sido reclasificados a toda carrera por la Administración Penitenciaria a Segundo Grado, sin comprobar si realmente están adaptados para llevar una convivencia normalizada en un módulo de vida ordinario.

Estos internos reclasificados y provenientes de otras regiones tienen un perfil de extrema peligrosidad y conflictividad, junto con una grave inadaptación al régimen de vida ordinario. Además generan graves incidentes ante la constatación de la inacción de la Administración Penitenciaria ya en vía administrativa ,por ejemplo no siendo trasladados los internos que han protagonizado graves incidentes que atentan de forma grave la seguridad del centro y de  sus trabajadores, o ya judicial por la vía de lo penal, que degenera en franca impunidad al apenas contar con consecuencias los graves incidentes que protagonizan: tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, introducción de móviles, ataques físicos y amenazas contra funcionarios, violencia contra otros internos, autolesiones, etc.

Por otra parte, desde nuestro sindicato constatamos que se han multiplicado las agresiones entre internos y se han incrementado exponencialmente las agresiones a funcionarios hasta un punto de hastío de la plantilla de trabajadores del centro penitenciario de Huelva. De tal forma que este sindicato contabiliza en los últimos seis meses, al menos, siete agresiones a funcionarios que han necesitado de la asistencia de los médicos del centro.

Estas agresiones no son reconocidas como tales por la propia administración penitenciaria, porque esta ha creado los mecanismos jurídicos precisos precisamente para que no se reconozcan. Y junto con la falta de mecanismos de atención en los propios centros penitenciarios a los funcionarios agredidos, hace que que el programa destinado a reducir las agresiones a los trabajadores penitenciarios no solo sea una mecanismo jurídico para dejar de contabilizarlas sino también para  desamparar a los trabajadores.

A esta desprotección de la administración penitenciaria se une a una desprotección jurídica ya que nuestro colectivo necesita imperiosamente una reforma legal que elevara a los funcionarios de prisiones como agente de la autoridad para evitar una impunidad judicial frente a las agresiones sufridas por los trabajadores así como una mayor protección jurídica en los tribunales de los  trabajadores penitenciarios al igual por ejemplo que los fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado.

Y  es que este colectivo ha vivido unas movilizaciones con distintos de gobiernos, donde el ministerio de interior  dirigido  por Grande Marlaska o por Juan Ignacio Zoido, no han desbloqueado un conflictivo colectivo sentándose a negociar con las organizaciones sindicales y poniendo fin a décadas de olvido de los trabajadores penitenciarios.

Por todas estas cuestiones, ACAIP ha solicitado una serie de reuniones con los candidatos  al  Congreso y Senado por la provincia de Huelva de las distintas formaciones políticas que participarán en las próximas elecciones de 10 de noviembre con el ánimo de transmitir las diferentes problemas que sufre los trabajadores del centro penitenciario de Huelva como del colectivo de trabajadores penitenciarios.