Acceso usuarios

Acceder al portal

Usuario (NIF) *
Contraseña *
Recordarme
Pablo

Pablo

El Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, es un centro de referencia de generación de conocimiento y de valor público adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.


La sociedad actual se caracteriza por profundos cambios en los modos de relación facilitados por la revolución digital que vivimos en las últimas décadas y que, a su vez, implican nuevas expectativas y demandas por parte de la ciudadanía hacia las Administraciones públicas.
Adaptarse a esos nuevos retos no implica únicamente llevar a cabo transformaciones tecnológicas de los procedimientos, sino que requiere una profunda revisión de las organizaciones públicas, incluyendo la cultura de trabajo.

Estimad@s ompañer@s:


En el día de ayer recibimos un correo electrónico del Subdirector General de Personal de II.PP., que textualmente establecía lo siguiente:


“Buenos días a todos/as:


Sin perjuicio de que sobre el tema os vayamos ofreciendo más información según se vayan produciendo avances, queremos comunicaros que, junto con el Ministerio de Defensa, la Administración Penitenciaria, por considerarlo muy favorable de cara a incrementar en número de efectivos que en la misma puedan llegar a prestar servicio, iniciará las actuaciones administrativas que puedan resultar necesarias para materializar la posibilidad que ofrece el artículo 19.10 de Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que pasamos a transcribiros:

ADEUDA A SU PERSONAL LABORAL LA ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS DEL AÑO 2019

Aunque la Administración ha hecho oídos sordos, hemos reivindicando sin descanso la actualización de las retribuciones que el Personal Laboral del ámbito del Convenio Único, como consecuencia de la firma del IV CÚ, tiene que percibir desde el 1 de enero de 2019. Sin embargo, el retraso continuado por parte de Función Pública a la hora de abordar y concluir los trabajos de Encuadramiento del personal en los nuevos Grupos Profesionales del IV Convenio Único ha sido la excusa perfecta para que los trabajadores aun no perciban el salario que les corresponde. La consecuencia es que la deuda que la Administración General del Estado acumula respecto a su Personal Laboral del CÚ es cuantiosa y debería ser motivo de sonrojo. No existen razones objetivas, el encuadramiento no debería haber sido impedimento dado que no hay diferencias salariales entre las distintas especialidades

Fuente: El Cierre Digital

Según ACAIP, en 2019 fallecieron 177 presos, sin contar los que murieron tras ser trasladados al hospital, y en 2020 ya han muerto tres.

Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) señaló que la campaña antidroga presentada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resultado “inútil” ya que han encontrado en Huelva y Sevilla dos presos muertos por culpa de ellas. En la prisión de la provincia onubense el interno habría fallecido “presumiblemente por sobredosis de sustancias ilegales y psicotrópicas”, según el informe de ACAIP.
En la mañana del jueves fue encontrado al recuento de primera hora en el módulo 7 de la prisión de “La Ribera” en Huelva un interno fallecido. Según ACAIP Huelva, este recluso habría perdido la vida “presumiblemente por sobredosis de sustancia ilegales y psicotrópicas”.

En Sevilla, en el centro penitenciario “Sevilla-1” otro preso fue encontrado muerto en su celda por causas que todavía se están investigando. El fallecido, J.C.M. de 50 años, no tenía signos de violencia y una de las hipótesis que se barajan es que fuera por la misma causa que el interno de Huelva: drogas.

Por ello, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) quisieron denunciar “la inutilidad de la campaña navideña de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que pretendía concienciar ante la entrada ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas en prisión”.

El lema que llevaba la campaña de la Secretaría era “Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser en el cementerio”, un mensaje que no ha calado muy hondo en los presos, ya que no han pasado diez días y han fallecido dos presuntamente por las drogas.

Uno de los puntos que señala esta situación ACAIP es que “las pautas de reparto directa de medicación psicotrópica a la población reclusa, que la propia Administración considera como ingente, a modo de ejemplo durante estas fiestas navideñas en una sola atacada para cinco días. Provocando consumo abusivo y tráfico de estas sustancias entre la propia población reclusa que en su mayoría tiene antecedentes de drogodependencia”.

En el año 2019, según ACAIP, fallecieron 177 internos en las cárceles, sin contar los que murieron después de ser trasladados al hospital. En 2020 ya han perdido la vida tres, contando con el fallecido de Huelva y el de Sevilla.

Campaña de prevención

 La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lanzó a finales de 2019 una campaña de sensibilización entre la población reclusa para prevenir la entrada de drogas y otras sustancias prohibidas en las cárceles. La campaña llevaba un lema muy conciso: "Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser el cementerio" y junto al mismo se muestra una fotografía de un cadáver tapado sobre una camilla. Con esta campaña, Instituciones Penitenciarias lo que buscaba era reducir el número de fallecidos por consumo de drogas en las prisiones y también controlar y disminuir la demanda de estas sustancias entre los internos.

Los carteles y folletos de esta campaña fueron colocados en los departamentos de comunicaciones, salas de espera, locutorios y otras dependencias de los centros penitenciarios. En los dípticos se recogen las consecuencias que tienen para los visitantes si se les descubre intentando pasar droga a un recluso. Y además lleva un código QR que, una vez escaneado, revela la siguiente frase: "¡Me mató la droga que me pasaste!".

La campaña fue creada creada y coordinada por las áreas de Seguridad, Sanidad y Tratamiento, con la pretensión de contar con la colaboración, no sólo de los trabajadores de las prisiones, sino de otros agentes que participan con la Administración Penitenciaria en su labor reinsertadora y, por supuesto, de los familiares y amigos que tienen comunicación con los internos en un centro.

Fuente: El Confidencial

Desde el pasado 1 de enero, los agentes sustituyen a medio millar de vigilantes privados que se han quedado sin empleo por la falta de previsión de Interior ante la quiebra de Ombuds

Decenas de guardias civiles se hicieron cargo de la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el pasado 1 de enero. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.

Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios.

Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.

Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.

Decenas de guardias civiles se hicieron cargo de la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el pasado 1 de enero. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.

Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios.

 
Un error de Interior provoca que 500 vigilantes de prisiones se queden sin empleo
Roberto R. BallesterosEl comisario Lenin conocía que la empresa Ombuds estaba en situación de quiebra, pero no sacó una licitación de urgencia para sustituirla y ahora la oferta ordinaria ha quedado desierta
 
Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.

Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.

 
La tercera compañía de seguridad de España negocia con la banca no quedarse sin crédito
El ConfidencialLa empresa Ombuds, una de las más grandes del sector, se ha visto obligada a retrasar el pago de la nómina de junio, con más de 7.500 vigilantes de seguridad afectados
 

Esta no es la primera vez que los agentes del instituto armado se hacen cargo de las tareas de seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Durante el proceso de concurso de acreedores, Ombuds dejó de pagar a sus trabajadores durante tres meses, lo que provocó que estos dejaran de hacer horas extra, una situación que obligó a la Guardia Civil a asumir parte de las funciones encomendadas a los vigilantes en el marco del concurso público que ganó la mercantil de seguridad.

Los agentes del instituto armado que han asumido la seguridad de las mencionadas prisiones lo harán al menos hasta el próximo marzo, fecha en la que se resolverá el nuevo concurso que ha convocado el Ministerio del Interior, que sigue los cauces habituales y no recurre a tramitaciones de emergencia, como reclamaban las fuentes mencionadas. Desde el departamento dirigido por Marlaska, prefieren no hacer declaraciones sobre este asunto.

El hecho de que sea la Guardia Civil la que asuma las funciones de los vigilantes es algo que ya preveían algunas asociaciones profesionales del cuerpo. No en vano, las tareas de las que se encargaron los empleados de Ombuds las hacían antes miembros del instituto armado y funcionarios de prisiones, que ahora también han vuelto a encargarse de algunas de ellas. En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones.

La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes. Interior tampoco hizo caso de esta recomendación.

Fuente: Diario de Mallorca

Siete presos se enfrentan en una reyerta en la cárcel de Palma.

Siete presos se enfrentaron el pasado jueves en una reyerta después de que dos de ellos trataran de apuñalar a otro con un pincho en la cárcel de Palma, según han informado los sindicatos ACAIP y UGT. La riña, ocurrida en uno de los módulos más conflictivos del centro penitenciario, no dejó heridos pero obligó a intervenir a casi todos los funcionarios de la prisión. El mismo día, un recluso incendió su celda y obligó a desalojar la zona.

Los trifulca tuvo lugar, según los sindicatos, el pasado día 2 por la mañana en el gimnasio del módulo 13, que acoge a los presos más peligrosos y problemáticos. Dos internos, un chileno y un colombiano, atacaron a otro preso africano con un objeto punzante de fabricación artesanal de más de 20 centímetros en un aparente ajuste de cuentas por el control del módulo. La víctima logró esquivar la puñalada y no resultó herida, pero la agresión provocó un enfrentamiento entre presos partidarios. Hasta siete internos se enfrentaron en la riña. 

 
La pelea obligó a intervenir a casi todos los funcionarios que estaban trabajando en ese momento en la cárcel de Palma. Incluso la jefa de servicios y el director de la prisión acudieron al módulo ante la gravedad de los hechos. Los funcionarios intervenieron, además del pincho, un pequeño teléfono móvil y dos jeringuillas.

Los tres internos implicados en la riña inicial han sido trasladados a celdas de aislamiento, mientras los otros cuatro han sido conducidos a otros módulos para evitar nuevos altercados. 

El mismo día por la noche, un preso que estaba en aislamiento prendió fuego a las mantas de su celda. El incendio generó una gran humareda y obligó a desalojar a varios internos. Los propios funcionarios lograron fosocar las llamas.

Los sindicatos denuncian la "sobreocupación" de los módulos 13 y 14 del centro penitenciario de Palma, que hace "muy dificíl el control de estos internos especialmente conflictivos".

Fuente: Heraldo

El preso que protagonizó este suceso con un mechero en el centro penitenciario padece una patología psiquiátrica mental y es indigente.
 

Un interno del departamento de aislamiento de la prisión de Zuera quemó ayer el colchón de la celda y provocó su traslado al hospital Miguel Servet al resultar herido, según informaron fuentes penitenciarias.

 
El preso que protagonizó este suceso con un mechero en el centro penitenciario padece una patología psiquiátrica mental y es indigente. Tras haber quemado el colchón se tuvo que enfrentar con funcionarios que tuvieron que utilizar el material antidisturbios y máscaras de respiración para resolver la situación.

La Guardia Civil tuvo que trasladar al interno afectado por el incendio que protagonizó en la celda de la zona de aislamiento a primera hora de la mañana de ayer.

Por otro lado, en la prisión de Zuera se decidió el pasado jueves que cuatro internos ingresaran en la zona de aislamiento por los ajustes de cuentas entre los presos en uno de los días en los que se recargan las tarjetas electrónicas de pago.

Fuente: Voz Populi

Existen sólo dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en España. Uno en Sevilla y otro en Foncalent (Alicante)

Un trabajador del hospital de Alcorcón intentó hace una semana asfixiar a una paciente. Padece esquizofrenia y pasó diez años internado en el psiquiátrico penitenciario de Picassent, uno de los dos que hay en España.

uan José F.G., de 49 años, duerme en la cárcel de Navalcarnero. El pasado lunes intentó asfixiar a una mujer de 82 años en el Hospital de Alcorcón. Trabajaba para la empresa que presta el servicio de lavandería al centro. La compañera de habitación de la anciana dio la voz de alarma y las enfermeras evitaron el fatal desenlace. No ocurrió lo mismo hace dos décadas cuando mató a una paciente con un cinturón en el Hospital Clínico San Carlos. Entonces tenía 27 años. Entre ambos sucesos, Juanjo pasó diez años internado en un hospital psiquiátrico penitenciario y acabó con la vida de un compañero de la cárcel de Carabanchel donde fue preventivamente internado. ¿Qué falla en el sistema para que ocurra algo así? 

El cambio del modelo de atención a las personas con enfermedad mental introducido en los años ochenta conllevó el cierre de los manicomios. Pero fue una transformación que se quedó coja y que acabó llenando las cárceles de presos con patologías mentales y sin ofrecer recursos suficientes para tratar a estos enfermos fuera de las prisiones. Los propios jueces tampoco cuentan con demasiadas herramientas a la hora de dictar sentencia e imponer medidas alternativas al internamiento previsto en la Ley.

A ello se añade que la sanidad dentro de las cárceles no está transferida a las Comunidades Autónomas -salvo en País Vasco y Cataluña-, sino que depende de propio Ministerio del Interior. En definitiva, no reciben la atención sanitaria en igualdad de condiciones a la que reciben los enfermos no privados de libertad. Además, todos los expertos están de acuerdo en que el entorno penitenciario no es, ni mucho menos, el lugar adecuado para tratar a aquellos a los que la propia ley les exime del delito por su patología.

El preso "se encuentra en un entorno hostil sujeto a una estricta disciplina que no entiende ni comprende, no está correctamente evaluado ni tratado. A raíz de todo esto, su aislamiento de la realidad es cada vez mayor, siendo propicios a sanciones reiteradas y clasificaciones en primer grado, llegando en ocasiones al suicidio", denuncia en un artículo el abogado Andrés López Contreras, coordinador SOAJP en Salamanca. Los sindicatos de los funcionarios de prisiones se quejan de que una parte de las agresiones que sufren por parte de los internos está protagonizada por este tipo de reclusos y no cuentan con los suficientes medios para protegerse. Son imprevisibles.

El 4,2%, con trastornos graves

Según datos proporcionados por el Gobierno en un respuesta parlamentaria del pasado mes de julio al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, alrededor del 4,2% de los internos en centros penitenciarios presentan Trastorno Mental Grave (TMG). A ellos está dirigido el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), que los expertos y propios funcionarios de prisiones tachan de insuficiente. De los 1.834 presos acogidos a este plan, el 38,7% presenta patología dual, el 37,3% trastorno psicótico, el 29,7% trastorno de la personalidad, el 16,7% trastorno afectivo y el 12,4% otro tipo de trastorno. 

Pero uno de los grandes problemas es que las patologías mentales protagonizan casi la mitad las consultas en las enfermerías de las prisiones españolas, donde no hay módulos específicos de psiquiatría, como reconoce el propio Ministerio del Interior. En las cárceles hay una notable falta de facultativos especialistas para una población reclusa de estas características, que en muchas ocasiones se ve afectada por una patología dual; es decir, un trastorno mental y una adicción. "Alrededor del 16% de los internos con TMG que están en el PAIEM residen preferentemente en las enfermerías de los centros penitenciarios", asegura el Gobiern

Dos psiquiátricos penitenciarios

 
 

A nivel estatal, existen sólo dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Uno en Sevilla y otro en Foncalent (Alicante) con la consiguiente dificultad que supone para las familias de los internos superar la distancia física entre su lugar de residencia y el centro de internamiento. Ambos, tiene un número limitado de camas para albergar al número de personas a los que los jueces imponen medidas de internamiento. En total, cumplen medidas de internamiento unos 400 reclusos entre los dos centros. 

Pero después de cumplir esas medidas el sistema falla en el seguimiento y la atención de los internos cuando se reincorporan a la vida social. Juan José llevaba dos años sin estar sometido a ninguna medida de seguridad mediante control judicial y tampoco nadie se aseguraba de que estuviese siguiendo el tratamiento médico. Tampoco existe gran coordinación entre la red pública asistencial y la penitenciaria.

Además, los dispositivos socio-sanitarios para atender a adecuadamente a estos enfermos por parte de las administraciones autonómicas suele ser insuficiente, denuncian las asociaciones de enfermos. Y muchos de ellos acaban sufriendo el efecto de la "puerta giratoria". Es decir, reincidiendo y volviendo a entrar en prisión, o viviendo fuera con el doble estigma de su enfermedad mental y la etiqueta de haber pasado por la cárcel. 

Fuente: El Cierre Digital

El sindicato Acaip recurre ante la Audiencia Nacional este plus económico de Interior incontrolado que "viola derechos fundamentales"

El sindicato de prisiones Acaip ha denunciado que la dirección del Centro Penitenciario de Picassent, en Valencia, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han otorgado "de forma arbitraria y opaca" una paga de 375 euros a 45 funcionarios de esa prisión.
El sindicato Acaip ha denunciado que la dirección del Centro Penitenciario de Valencia, en Picassent, y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias han otorgado "de forma arbitraria y opaca" una paga de 375 euros a 45 funcionarios de esa prisión. En un comunicado, Acaip señala que 45 funcionarios sobre un total aproximado de 900 trabajadores que componen la plantilla del centro recibieron el pasado mes de diciembre la paga en concepto de "productividad coyuntural".


Fuentes de Instituciones Penitenciarias informaron de que el pasado 15 de noviembre se convocó una mesa delegada con los sindicatos en la que se les comunicó que había un remanente de productividad de entre 800.000 y 900.000 euros y se les informó de cómo se iba a proceder a repartir ese dinero entre los funcionarios escogidos por cada centro, no entre los 22 mil trabajadores de prisiones como reclamaba ACAIP.

Las mismas fuentes han explicado que se establecieron unos criterios (llegar a determinados objetivos con las actividades que se siguen con los internos o programas de tratamiento, entre otros) y en función del cumplimiento de los mismos se repartió el remanente de la productividad. Acaip ya ha denunciado judicialmente este reparto de productividad, vía el Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, por violación de derechos fundamentales.

El reparto se hizo en función del número de internos que tiene cada centro en España y en el caso del de Picassent, como tiene dos cárceles, se decidió que el reparto del remanente de productividad se hiciera sobre 45 funcionarios.

Respecto a la denuncia de opacidad realizada por el sindicato, desde Instituciones Penitenciarias han contestado que por la Ley de Protección de datos no pueden facilitar la identidad de las personas que lo cobran. Según el sindicato de prisiones, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "ha decidido que solamente estos trabajadores son merecedores de este dinero".

Añade que se basa en que se ha apreciado en ellos "un especial rendimiento, actividad extraordinaria, interés o iniciativa en los ámbitos de programas, actividades, actuaciones y cumplimiento de objetivos reseñados en la misma resolución y que son especialmente relevantes para la Administración penitenciaria".

"Sin embargo, la identidad de los perceptores se mantiene en secreto ya que la Administración penitenciaria entiende que su conocimiento por el resto de los trabajadores podría ir en contra de la normativa de protección de datos. Nosotros proponíamos un reparto equitativo con un criterio, por ejemplo, no estar más de cinco días de baja", asegura el sindicato.

Agrega que tanto Instituciones Penitenciarias como las Direcciones del Centro Penitenciario de Valencia y del Centro de Inserción Social Torre Espioca "han denegado las peticiones de información sobre la identidad de estos perceptores realizadas por las organizaciones sindicales, entre ellas Acaip, y por la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en la provincia de Valencia".

"Ya no sólo es que no se sepa quienes son los perceptores, sino que tampoco se ha facilitado respuesta sobre en qué consisten, cómo se materializan y cómo se miden ese especial rendimiento, esa actividad extraordinaria, ese interés y esa iniciativa para que todos los trabajadores del centro pudieran tener acceso a la percepción de esa productividad", explica Acaip.

Denuncia que la Administración penitenciaria "se niega a facilitar información sobre cómo el resto de trabajadores pueden mejorar su rendimiento y, por tanto, que el servicio público se vea reforzado y mejorado". Añade que en el caso de los puestos directivos del centro "esta 'bufanda' navideña asciende a 2.400 euros para cada uno de ellos".

"No estamos en contra de que trabajadores del centro perciban esas cantidades económicas, por supuesto que no, pero sí entendemos que todos tienen derecho a percibirlas, o al menos, a saber qué tienen que hacer para poder cobrarlas y así poder estar en igualdad de condiciones", aclara Acaip. También asegura estar en contra de que "se realicen interpretaciones parciales, retorcidas y manipuladas de la normativa vigente en materia de protección de datos para justificar este escándalo".

Informa de que esta resolución está ya recurrida judicialmente por los Servicios Jurídicos de Acaip por entender que se ha producido una "vulneración de los derechos fundamentales, por falta de negociación, pero para nosotros lo fundamental es saber qué criterios han usado para el reparto".

"Mientras se otorgan estas gratificaciones arbitrarias, la Administración penitenciaria dice que no hay dinero para pagar un plus a todos los trabajadores que cada día ponen en riesgo su seguridad prestando servicio en los módulos que albergan a los internos más peligrosos, en los que los incidentes son contínuos", concluye el comunicado.

Fuente: Huelva 24H

18.24 h. Pese a que desde Instituciones Penitenciarias piden esperar a la autopsia, desde el sindicato Acaip señalan que puede ser "presumiblemente por sobredosis de sustancias ilegales y psicotrópicas".

Instituciones Penitenciarias ha iniciado una investigación ante el hallazgo este jueves de un interno fallecido en su celda en la prisión provincial de Huelva. Desde la entidad han confirmado a Europa Press el fallecimiento del recluso, toda vez que han indicado que se ha tenido conocimiento de la muerte de esta persona en el recuento de la mañana.

Ante esto, dieron traslado al juzgado para que iniciara los trámites correspondientes y se encargara de la autopsia para determinar la causa de la muerte. Han indicado que la persona no presentaba signos de violencia ni indicios que pronostiquen el motivo del fallecimiento, por lo que han incidido en la importancia de la autopsia para determinar la causa. Asimismo, han destacado que se ha dado trasladado al juzgado y han puesto en marcha una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

 

Por su parte, desde el sindicato Acaip en un comunicado han lamentado la muerte de este interno y han indicado que puede ser "presumiblemente por sobredosis de sustancias ilegales y psicotrópicas". Así las cosas, han criticado "la inutilidad" de la campaña navideña de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que pretendía concienciar ante "la entrada ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas en prisión con el lema 'Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser en el cementerio'".

 

Desde esta sección sindical han calificado esta campaña como "vacía de contenido y de un cinismo político sin igual", en tanto "la administración penitenciaria no resuelva ninguna de las carencias que permiten el lamentable estado de descontrol en el consumo de drogas y estupefacientes entre la población reclusa". En este sentido, han alertado de "la importantísima falta de medios humanos destinados a la vigilancia que prevengan la introducción y trafico de droga en los centros penitenciarios", así como han avisado de "la carencia de medidas serias y eficaces que vayan dirigidas a la prevención de introducción de estas sustancias y la necesidad de eliminación de las restricciones normativas que impone la Secretaría General mediante instrucciones y circulares a la hora de practicar cacheos y registros preventivos contra aquellos internos y familiares".

 

Introducción de droga

Para Acaip, hay que tener en cuenta "la actual ausencia de consecuencias penales reales a la introducción de droga en los centros penitenciarios" ya que "no hay de medidas judiciales efectivas dirigidas a disuadir la comisión de estos delitos". Además, han criticado "las pautas de reparto directa de medicación psicotrópica a la población reclusa, que la propia administración considera como ingente, por ejemplo durante estas fiestas navideñas en una sola atacada para cinco días" ya que esto provoca "un consumo abusivo y tráfico de estas sustancias entre la propia población reclusa que en su mayoría tiene antecedentes de drogodependencia".

 

Igualmente, han sostenido desde Acaip que actualmente la atención sanitaria en el centro penitenciario de Huelva, "no está garantizada por la falta de profesionales sanitarios". Se trata de una situación "alarmante", han dicho.

 

Finalmente, han indicado que en "el año 2019 han muerto en los centros penitenciarios 177 internos en ese año, -sin contar los internos fallecidos en los hospitales públicos-". En lo que va de 2020 ya cuentan, al menos, con "tres fallecidos en las cárceles españolas; de los cuales dos son presumiblemente por sobredosis (Huelva y Sevilla I)".