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Pablo

Pablo

Al Secretario General de Instituciones Penitenciarias
Calle Alcalá 38-40, Madrid


Asunto: NADA QUE CELEBRAR EN EL DIA DE LA MERCED


Sr. Secretario General:
D. José Ramón López, Presidente de Acaip-UGT, Doña Silvia Fernández, Secretaria General de CCOO Prisiones y Don Jorge Vilas, Responsable Nacional de CSIF Prisiones, con domicilio a efectos de comunicaciones en los siguientes correos electrónicos, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por la presente COMPARECEN y como mejor proceda en Derecho,


DICEN:
El personal penitenciario lleva más de dos años en conflicto ante el claro empeoramiento de sus condiciones de trabajo, la falta de respeto de los diferentes responsables que han ocupado puestos en nuestro Centro Directivo y la nula negociación existente en nuestra Institución.

Desde que usted accedió al cargo hemos constatado como su equipo se ha caracterizado por el axioma “ni una mala palabra, ni una buena acción”, negándose de forma sistemática a abrir una mesa de negociación seria que permita solucionar las carencias que tenemos en nuestro ámbito

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2018, en los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos, en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos, convocadas por Resolución de 8 de mayo de 2019.

EL PRIMER EXAMEN TENDRA LUGAR EL DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2019

Fuente: Mediterraneo

Añaden que no se reconocen amenazas y coacciones como ataques al personal. El sindicato Acaip denuncia 8 casos en lo que va del 2019 frente a 4 en el 2018

Finales de agosto. Un interno agrede a un funcionario de la cárcel de Albocàsser golpeándole la cabeza con una escoba e intenta apuñalarlo para, después, atrincherarse en su módulo junto a otro recluso. Lo peor es que no es un hecho aislado. Y es que las agresiones a empleados públicos de prisiones se han duplicado este ejercicio.

Según datos facilitados por el sindicato Acaip (de datos oficiales de la Administración), en lo que va año se han producido ya ocho casos frente a los cuatro registrados en el 2018. En lo que respecta a Castellón I, el año pasado se registró una agresión, mientras que solo en lo que va del 2019 ya se han producido tres. Mientras, en Albocàsser estas han pasado de tres en el 2018 a cinco.

El balance sería mayor si se tuvieran en cuenta las amenazas y coacciones. Así, por ejemplo desde el 2018 se han producido medio centenar en Castellón I, mientras que en Albocàsser en el mismo periodo suman 462, con 291 casos en el 2018 y 171 en 2019.

Sin embargo, desde Acaip denuncian que la administración no contempla las amenazas y coacciones como agresión. Según el sindicato, una amenaza (como en muchas ocasiones son para atentar contra la propia vida del funcionario e, incluso, la de sus propios familiares) es una agresión tan relevante como la física. «Las secuelas psíquicas se han de tener muy en cuenta, lo que no es contemplado por la Administración, simple y llanamente para maquillar las estadísticas», indican. Por ello consideran esto es otra muestra del «olvido y menosprecio de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias».

Desde el sindicato se viene denunciando la desprotección de los funcionarios. De hecho, en el caso de la cárcel de Albocàsser existe una gran conflictividad debido al elevado número de internos y presos conflictivos, ya que es una de las prisiones en las que más incidentes se producen en territorio nacional.

REINCIDENTES // El último informe sobre población penitenciaria desveló que el 56,96% de los internos de Albocàsser son reincidentes y se encuentra en el top cinco de las cárceles de España con más penados de primer grado. Precisamente ayer Ciudadanos instó al Ministerio a tomar medidas ante esta conflictividad, asegurando que está al límite por la masificación del centro, con un centenar de internos de más y el déficit de la plantilla, instando a mejorarla. Alertan que al ser destino de primeros años de carrera y funcionarios en prácticas, la plantilla no se consolida.

Fuente: Diario de Avila

El PP de Ávila subraya su respaldo a este Cuerpo en cuestiones como su reconocimiento como agentes de la autoridad, incrementos retributivos y un itinerario formativo

El Partido Popular se reunió este jueves con la representación sindical de los funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Brieva ACAIP-UGT para expresarles su apoyo en las reivindicaciones que mantienen desde hace cuatro años para dignificar este Cuerpo, que pasan por su reconocimiento como agentes de la autoridad, incrementos retributivos y el establecimiento de un itinerario formativo, entre otras medidas.


El encuentro, al que asistieron por parte ‘popular’ su presidente provincial, Carlos García; la diputada Alicia García y el senador Juan Pablo Martín, sirvió para explicar a los representantes sindicales de los funcionarios de Brieva la Proposición no de Ley que presentó el Grupo Parlamentario Popular el pasado 2 de septiembre de apoyo a este colectivo y para expresarles su respaldo en cuanto al reconocimiento como agentes de la autoridad, pues como indicó Carlos García, «sabemos que ahora mismo existe un incremento de agresiones en las cárceles y creemos que ese apoyo necesario que se tiene que trasladar desde la Administración General del Estado tiene que ser inmediato»; la reclasificación para un incremento salarial, ya que «la penitenciaría de Brieva tiene una escala de 2.2 y eso hace que haya diferencias retributivas bastante significativas respecto a otros centros penitenciarios, en este caso en el complemento específico»;la apuesta por una formación continuada, con una «Escuela de Estudios Penitenciarios que no sea programática sino efectiva, con una formación continua»; y la necesidad de que «a la mayor brevedad existe una oferta de empleo público que supla las bajas existentes, fortaleciendo la edad media de la plantilla (más de 150 trabajadores) que en estos momentos está por encima de los 50 años», indicó el presidente del PP de Ávila.


También en esta reunión se abordó la petición de una bolsa de trabajadores y necesidad de contar con los medios necesarios para que los funcionarios de prisiones se sientan en condiciones de seguridad para hacer efectivo su trabajo diario.

 

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Alcalá de Henares ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO DE DILIGENCIAS PREVIAS contra representantes de Acaip durante la huelga en el mes de noviembre 2018.

 

Acaip siempre está donde tiene que estar pero, ¿Y LOS DEMÁS?.

Fuente: El Diario.es

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha supeditado el reconocimiento como agentes de autoridad de los funcionarios de prisiones y que se aborde una mejora salarial para el colectivo a que haya un Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

"Permitan que este país siga adelante, que también los funcionarios de Instituciones Penitenciarias puedan ver reconocidos sus derechos laborales", ha asegurado Marlaska en respuesta al senador del PP Fernando de Rosa, a quien ha recordado que el PSOE "apoya" que sean reconocidos como agentes de autoridad.

El ministro ha reprochado al senador del PP que le acusara de "manipular las estadísticas" para no incluir agresiones a funcionarios de prisiones, que De Rosa ha cifrado en dos al día y más de 600 al año.

También ha afeado el senador 'popular' que la prometida subida salarial se haya quedado en "cero", que se haya dado instrucciones para "no dar veracidad a los funcionarios" en los casos de agresiones en las cárceles o que "no se haga nada" ante las denunciadas de "vejaciones sexuales" por parte de algunas trabajadoras.

Marlaska ha recordado que cuando llegó a Interior estaban los funcionarios encerrados en la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "Ustedes no les escuchan nunca", ha señalado en referencia al PP, "siempre que consiguen algo es con el PSOE en el Gobierno; ustedes sólo les utilizan".

Sobre la subida salarial, Marlaska ha asegurado que "no pudieron" ejecutarla al no disponer de presupuesto aprobado, de ahí que haya insistido: "Dejen que gobernemos y que presentemos presupuesto". El ministro ha recordado las ofertas de empleo y nuevas plazas --1.200 convocadas para 2019-- y también ha aludido a la negociación con los sindicatos para la "mejora de medios de protección y los protocolos de seguridad".

Fuente: Noticias de Almeria

El Centro de Inserción Social ubicado en El Puche, sigue acumulando retrasos y quejas de los funcionarios de prisiones de Almería, que consideran insuficiente su plantilla para hacer frente a esta nueva instalación.

La construcción del CIS superó los nueve millones de euros y la fecha de finalización de construcción data de Septiembre de 2013 pero cuya entrega se produjo el 20 de Marzo de 2019 generando, durante este periodo de tiempo sin actividad, unos gastos de mantenimiento anuales de 100.000 euros, según fuentes sindicales. De hecho, en frebrero de este mismo año, la Subdelegación del Gobierno informaba que llevaría el nombre de uyo coste superó los nueve millones de euros y la fecha de finalización de construcción data de Septiembre de 2013 pero cuya entrega se produjo el 20 de Marzo de 2019 generando, durante este periodo de tiempo sin actividad, unos gastos de mantenimiento anuales de 100.000 euros. Ese día se volvía a insistir en que abriría en "unos meses", aunque a finales de 2018 se daba como fecha marzo, y a día de hoy sigue cerrado pero con toda la dotación material necesaria para su funcionamiento.

Los sindicatos, en una nota conjunta exigen una revisión de la RPTde la plantilla de la Prisión del Acebuche, que contemple más funcionarios para el Centro de Inserción Social, que albergará 200 internos en régimen abierto.

A propósito de la apertura del Centro de Inserción Social de Almería, CIS Manuel Pérez Ortega, situado en el Polígono Industrial El Puche: Una infraestructura necesaria La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, regula en su artículo 1, entre otros aspectos, la reinserción social como fin primordial de las instituciones penitenciarias en relación con los condenados a penas y medidas privativas de libertad, y en el artículo 9.1 prevé su cumplimiento en centros de régimen ordinario y abierto.

Por su parte, el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, regula en el artículo 80 los centros de inserción social como una clase de establecimiento de régimen abierto. La Administración Penitenciaria velará para que los establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios, que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus funciones (art 14 Ley Orgánica General Penitenciaria.

En este momento, se encuentra dotada de medios materiales a la vez que ya se han firmado los contratos necesarios de mantenimiento y suministros, estos últimos con plazos de inicio de ejecución en Marzo del 2019, aún sin actividad, por lo que continuamos aumentando el gasto de un centro que es necesario pero que a fecha de hoy continúa sin actividad, salvo el traslado del SGPMA. "Y todo esto debido a la nefasta planificación del inicio de actividad de este centro que los gestores han sido tan “diligentes” a la hora de dotar de material y suministros, pero que aún se encuentra sin dotación del personal necesario para poder entrar en funcionamiento pese a que lleva más de seis años finalizada la obra y más de un año programando su apertura." dicen los sindicatos.

Un Centro de Inserción Social en cuya orden de creación de fecha BOE nº63 de 14 de Marzo de 2019 ya se especificaba su dependencia orgánica y funcional del Centro Penitenciario de Almería, lo que conllevaría, en cuanto a la ordenación de recursos humanos, la adscripción general a este, del personal designado en aquel. Las organizaciones sindicales han solicitado la ampliación urgente de la plantilla ante los indicios de la inminente apertura, mientras la Dirección "se dedica a hacer apaños con funcionarios del Centro Penitenciario para cubrir estas plazas" aseguran.

"Es imposible sacar, de donde ya no hay a la actual deficiencia de personal del Centro Penitenciario de Almería, con un déficit de 43 puestos sin cubrir, se añade la necesidad de al menos otros 37 efectivos de plantilla para el normal funcionamiento de estructuras semejantes ya funcionando en otras localizaciones. Un Centro con capacidad para 200 personas que además alberga el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Sin las condiciones adecuadas, no es posible garantizar el cumplimiento del art 25.2 de la Constitución que nos encomienda la labor de reinserción y reeducación de los internos así como el resto de cometidos. La degradación sistemática del sistema público penitenciario actual vuelve a ponerse de manifiesto una vez más caracterizado por una absoluta irresponsabilidad de los gestores penitenciarios y tras una breve visita veraniega por Almería del Subdirector General de Recursos Humanos, deciden con absoluto menosprecio a los trabajadores la apertura de infraestructuras sin aumento de personal, haciendo caso omiso a cualquier recomendación de sus representantes. Además, la arbitrariedad y vulneración de los derechos de la plantilla, se está convirtiendo en práctica habitual de la dirección del Centro Penitenciario y alguno de sus Subdirectores, ignorando los derechos de la misma y el derecho de información de la representación sindical para salvaguardar dichos derechos. La desinformación absoluta interesada es la tónica diaria, manifestando menosprecio absoluto hacia las plantillas en este sentido.

Las Secciones Sindicales del Centro Penitenciario de Almería, APFP, ACAIP-UGT,CSIF y CCOO, tras la solicitud del cese del Director realizada con fecha 19 de Julio de 2019, ponen de manifiesto nuevamente la absoluta irresponsabilidad que manifiesta la Dirección de este centro Penitenciario para seguir gestionando el normal desarrollo del mismo, así como por no saber transmitir a la Secretaria General sus necesidades reales, para actualización de la relación de puestos de trabajo necesarios, más cuando se suma la apertura de un Centro de Inserción Social. Mostramos nuestra más rotunda oposición a la apertura del Cis de Almería en base a todo lo expuesto" afirman en una nota de prensa.

 

Fuente: 20 minutos

En un rueda de prensa celebrada en Vitoria, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López Santamaría, han informado a los medios sobre el encuentro que han mantenido este jueves con el delegado del Gobiern ANC- EUROPA PRESS El sindicato Acaip-UGT ha anunciado este jueves que se ha aplazado el cierre de las instalaciones de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), donde viven alrededor de 160 funcionarios de prisiones, el 75% de la plantilla del centro penitenciario de Zaballa. En un rueda de prensa celebrada en Vitoria, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, y el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López Santamaría, han informado a los medios sobre el encuentro que han mantenido este jueves con el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza.

López Santamaría ha explicado que el pasado 1 de agosto, la dirección del centro penitenciario informó a los representantes sindicales de los trabajadores de Zaballa del cierre el próximo 31 de octubre de los pabellones que se encuentran en la antigua prisión Según ha explicado, este cierre afecta a más del 75% del total de la plantilla del centro penitenciario de Zaballa, ya que en estos pabellones viven alrededor de 160 funcionarios de Prisiones. El presidente de Acaip-UGT ha informado de que Loza se ha comprometido posponer el cierre de las instalaciones y a impulsar un diálogo con las organizaciones sindicales "empezando de cero", desarrollando una "hoja de ruta" que finalice en una "solución acordada" en la que todas las partes obtengan una respuesta "satisfactoria". "De momento, está suspendida la fecha del día 31 de octubre esperamos tener una negociación adecuada que garantice los derechos de los trabajadores", ha indicado. Acaip-UGT ha criticado que esta decisión se ha adoptado por parte de la dirección del centro penitenciario "sin previo aviso" y en un momento "complicado", ya que se encuentra abierto el concurso de traslados para el centro de Zaballa. "El clima generado entre la plantilla de Zaballa es de mucha preocupación e inquietud", ha indicado.

En este sentido, ha avanzado que van a solicitar a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior una reunión "de negociación y trabajo" para establecer "criterios y soluciones" a la situación que ha planteado "de forma unilateral" la dirección de Zaballa. Según ha explicado, en el concurso de traslados iniciado en enero no se informó del posible cierre de los pabellones de vivienda, lo que ha provocado "inseguridad jurídica" y ha generado "mucha tensión" entre la plantilla, ya que esta decisión "no respeta las condiciones del concurso de traslados". "No se pueden cambiar las reglas", ha defendido. Asimismo, desde el sindicato critican que la decisión está basada en "pretextos" que argumentan que la habitabilidad de las instalaciones no es la adecuada. Al respecto, ha detallado que los funcionarios pagan alrededor de 280 euros al mes y que una parte de este dinero está destinada al mantenimiento de las instalaciones, por lo que "si tienen algún problema, quien debe hacerse cargo es la Administración".

Por otro lado, ha explicado que en esas instalaciones también viven 64 internos en tercer grado, por lo que se ha preguntado qué van a hacer con ellos, ya que cuentan con contratos en Vitoria y las localidades cercanas. "¿Qué hacen con ellos? No se ha dado ningún tipo de solución. Nos hemos encontrado con una idea de cierre pero sin ninguna hoja de ruta para hacerlo", ha reiterado.

 

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